13 enero, 2016
El silencio (¿cómplice?, ¿ignominioso?) desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el comportamiento de algunos cuerpos policiacos indica que algo está mal en Tlaxcala.
A mediados de diciembre pasado, un medio local en Huamantla[1], describió detalladamente la manera en que integrantes de la policía municipal violentaron los derechos de un inmigrante centroamericano.
En esa ocasión, el autor del texto dijo: “Desde este espacio, hago un llamado a los responsables de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que realice una investigación exhaustiva y realice las recomendaciones necesarias para que en lo sucesivo ningún ciudadano sea tratado como se trató a un ciudadano salvadoreño”.
Es la fecha en que dicho organismo no se ha dado por enterado del episodio y mucho menos ha realizado recomendación alguna.
Ahora, tras varias semanas de sucedida una amenaza de policías del municipio de Sanctórum contra dos periodistas se aprecia el mismo silencio.
La perversión de los uniformados los llevó incluso a dejar entrever, de manera velada, amenazas de muerte contra los informadores[2].
Se trata de dos botones de un universo de 60, dirán los integrantes de la CEDH.
Pero llama la atención que desde la impunidad, los cuerpos de seguridad pública municipales conviertan las violaciones a los derechos humanos en un actuar cotidiano.
¿Cuántos casos, como los arriba descritos, suceden en los otros 58 municipios del estado y que no son denunciados por diferentes causas?
¿Será necesario que, al igual que en estados como Veracruz, Guerrero o Michoacán se registre la muerte de comunicadores para prevenir violaciones a los derechos humanos cometidos por policías municipales?
Tiempo hay, y suficiente, para que el organismo aclare estas dos muestras de brutalidad policíaca en Tlaxcala.
Sólo es cuestión de voluntad. Y ya veremos cuánta voluntad hay en la CEDH.
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