20 julio, 2015
Las dificultades de Ayometla, no se quedan en el ámbito de las autoridades eclesiásticas. Se convierte en un problema de gobernabilidad que ha sido ignorado.
A lo largo de cuatro meses, un conflicto entre la feligresía de ese lugar y sus autoridades, desembocó en enfrentamientos que han subido de color hasta la violencia física.
Hasta el momento, la única salida al conflicto, consideraba la erección de la parroquia de San Marcos, en una comunidad aledaña a Ayometla.
Sin embargo, apenas el fin de semana pasado, la Diócesis de Tlaxcala canceló su intención de castigar a la feligresía de Ayometla.
El motivo: la posibilidad de brotes de inestabilidad social.
Mientras tanto, con un bajo perfil, poco han hecho los responsables de la gobernabilidad en la entidad, al grado de dejarlo crecer hasta los alcances que hoy se comentan. Quedan, pues, algunas interrogantes pendientes.
¿En quién recae la omisión para dejar crecer el conflicto? ¿Qué salida propone la Secretaria de Gobierno para interceder en este conflicto?
¿Por qué la Diócesis de Tlaxcala dejó crecer el conflicto hasta que explotara la violencia?
¿Por qué las autoridades civiles no intervinieron con prontitud? No existe, entonces, justificación alguna para que en el corto plazo, conozcamos una solución inmediata a este conflicto.
No de parte de la Diócesis de Tlaxcala, ni de parte de la Secretaría de Gobierno. El problema exige prontitud y eficacia.
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