12 mayo, 2015
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, Baldemar Cortés Meneses presentó al pleno una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Tlaxcala, pues señaló que las denuncias y evidencias mostradas en la prensa deben combatirse a fondo en la entidad, ya que laceran a la sociedad.
En tribuna, el legislador señaló que en Tlaxcala -de acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 2013 a 2015- ha recibido 42 quejas por presuntos actos de tortura, empero, hasta el momento en información enviada por dicho organismo se carece de datos para su seguimiento.
Y desde luego, tampoco señala -argumentó- el estado que guardan dichas quejas y los acciones que ha emprendido la institución garante de los Derechos Humanos en Tlaxcala; derivado de lo anterior, expresó que es necesario que haya una base de datos que obligue a los organismos llevar puntual seguimiento.
Por lo anterior, añadió que se presenta a esta asamblea la presente iniciativa para reformar Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, misma que clarifica las obligaciones del estado en materia de tortura, entendida como violación de derechos humanos.
El mismo legislador indicó que las obligaciones del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo primero, párrafo tercero constitucional son prevenir, investigar, sancionar y reparar. Por ello, es urgente alcanzar los objetivos necesarios para fortalecer dicha normatividad.
“En atención a la estructura tradicional de los ordenamientos penales, y con el propósito de dejar en claro desde el inicio el contenido de las conductas objeto de las obligaciones mencionadas, se reforman varios artículos relativos a la tipificación y sanción del delito”, refirió.
Por lo que hace a las previsiones generales, detalló como naturaleza, objeto, alcance y pautas de interpretación, es de destacar que en éste se incluye lo relativo a las definiciones típicas de tortura, las sanciones y los principios de actuación generales de las autoridades obligadas por la Ley, es decir, los sujetos obligados por la ley son las autoridades del Estado y las municipales.
Lo anterior, se deriva dentro de la polémica que se ha desatado de los presuntos actos de tortura cometidos en contra de ex policías acreditables, quienes -según ellos- fueron obligados mediante mal trato a confesar su participación en el delito de secuestros exprés.
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