08 diciembre, 2013
ENTREVISTA… La fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos la Libertad de Expresión, Laura Angélica Borbolla Moreno aseguró que lamentablemente hay siete de estados del país, entre ellos, Tlaxcala que no han firmado un acuerdo para despenalizar tres delitos.
En su visita por la entidad, donde acudió su personal al impartir un curso sobre el “Manual de Prevención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión” que organizó la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) señaló que es necesario dar dicho paso.
Precisó que el resto de las entidades federativas han mostrado interés por llevar a cabo este procedimiento que permite a los periodistas no ser sujetos a un proceso penal en caso de que alguna persona los llegue a denunciar por calumnias, injuria o difamación.
Del mismo modo, citó que debe haber voluntad de los gobernadores y de los congresos estatales, para que todas las entidades federativas del país, se homologuen a las leyes federales que desde hace varios años eliminaron la posibilidad de que un periodista fuera detenido.
Borbolla Moreno, sostuvo que corresponde a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) crear las condiciones para llegar a un acuerdo con los estados y poder dar dicho paso tal y como prevé la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas.
La funcionaria estatal citó que los estados que aún faltan por firmar dicho acuerdo son Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y el Distrito Federal.
Con respecto a las denuncias interpuestas ante dicha fiscalía comentó que han sido más de 550 -desde la creación de la misma- y actualmente “estamos conociendo de 150 averiguaciones previas y 130 actas circunstanciadas y 150 que están en proceso”.
No obstante, subrayó que en lo que va del año la fiscalía ha formalizado 175 averiguaciones previas y “hasta donde hemos contabilizado serán 25 menos de las que se captaron en 2012”.
Finalmente, indicó que los delitos contra periodistas en el estado de Tlaxcala, son realmente menores en comparación con otros estados como Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa donde es alta la incidencia de violaciones a la libertad de expresión.