#CeroImpunidad

29 abril, 2016

Hace unas semanas, el periodista Javier Conde Gutiérrez, decía en una entrevista que concedió al diario Síntesis-Tlaxcala, que el mayor número de agresiones a reporteros provienen de políticos de «piel sensible» que se oponen a ser cuestionados ante la opinión pública, y finalmente su dicho es una prueba de que así es. 

Este mismo comunicador fue víctima de la intolerancia de uno de los aliados del PRI, lo que hace pensar que el mismo sistema del gobierno precisamente le tolerará sus excesos, como torcer la ley cuando se le pegue la gana. Bernardino Palacios Montiel, es uno de los «políticos» que no necesita este país. Azuzar a sus seguidores no tiene nombre.

Sin embargo, el Revolucionario Institucional cuyo candidato Marco Antonio Mena Rodríguez que primero pregona con la continuidad y luego plantea un gobierno distinto pacta con este tipo de personajes para buscar la gubernatura del estado. ¿Qué garantías habrá entonces para los periodistas en caso de que asuma el poder?… La misma pregunta se la formulamos al resto de los interesados en buscar la primera magistratura.

Con bombos y platillos, el mismo PRI le dio la bienvenida a este sujeto y a su esposa la diputada local, Evangelina Paredes Zamora quien por cierto obligó -en el año anterior- a tres periodistas en complicidad con el legislador priísta, Javier Vázquez Sánchez a que revelaran la fuente sobre quién filtró una lista de basificados en la cual aparecían nombres amigos, secretarías y familiares de varios congresistas.

Y no basta una disculpa como lo hizo el diputado federal y coordinador de campaña del mismo abanderado, Ricardo García Portilla, para olvidar el artero ataque que sufrió Javier Conde, por parte de un sujeto «cantinflesco» que a decir de la Real Academia Española significa «hablar de manera disparatada e incongruente peculiar de Cantinflas, actor mexicano». 

Aquí lo preocupante para una sociedad es alimentar la violencia y la impunidad frente a cuestionamientos estrictamente periodísticos que nada tienen que ver con dádivas. 

En el caso del comunicador agredido y difamado ha tenido una formación en medios de prestigio nacional en los cuales le han enseñado principios básicos del periodismo como preguntar, investigar y redactar la realidad de su entorno, sin distingos, sin encomiendas de «alguien» y cumplir a cabalidad lo que se planee en la mesa de asignaciones de cada redacción.

Bajo estos mismos principios, ÍNDICEMEDIA basa su actividad periodística porque debemos entender que Tlaxcala, es otro, la misma realidad lo padecen todos los ciudadanos.

Por ello, Palacios Montiel está obligado a dos cosas: A ofrecer una disculpa pública y a comprobar sus dichos ante las autoridades judiciales en contra de tal periodista. Quien alienta a la violencia estará sujeto al escrutinio de la sociedad, aunque sabemos que ninguna denuncia que interponga un comunicador tendrá un final feliz ante una incipiente justicia.

Datos de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) en los últimos diez años se han registrado más de 25 denuncias penales -canalizadas ante las procuradurías Generales de Justicia del Estado y de la República- de las cuales todas se encuentran empolvadas en los anaqueles de ambas dependencias, lo que evidencia que el ejercicio periodístico es tan frágil ante el tatuaje de la intolerancia.

Debemos dejar claro por medio de este espacio de opinión que no se busca protagonismos porque los protagonistas -valga la redundancia- son otros, lo que buscamos es que haya respeto al ejercicio periodístico en Tlaxcala. 

Las agresiones que ha recibido ÍNDICEMEDIA, -en cinco años de labor- las ha sabido sortear en medio de un estado de indefensión con la Constitución Federal en la mano y con una Ley que protege a los defensores de derechos humanos y periodistas en México, por lo que estamos seguros que la artera agresión que sufrió nuestro director -que es un reportero de talacha diaria y no de escritorio- constituye una vitamina real para alimentar la impunidad en Tlaxcala.

Este jueves, en su visita por la capital, el rector de la Universidad de las Américas (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista afirmó que Tlaxcala tiene un grado de impunidad alta, toda vez que ocupa el lugar trece en el ámbito nacional, derivado de que se ubica como el segundo estado con el menor número de agentes del Ministerio Público y jueces en el país con 1.2 por cada cien mil habitantes.

Esto obliga a pensar que al denunciar los hechos ante un ministerio público, es casi imposible que una denuncia prospere, por lo que insistimos que el término impunidad se alimenta y fortalece frente a una sociedad indefensa. ¿Hasta cuándo Tlaxcala volverá a la senda de la democracia y de un verdadero Estado de Derecho?… 

Y la misma contienda electoral ha traído consigo una dosis de rudeza de un «político» de esos que México no necesita. ¿Y mañana qué sigue?… 

Por ejemplo, el informe «La desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México», elaborado por la organización internacional Article19, expone la grave situación de los periodistas en el país. 

Hasta enero de 2016, un total de 23 periodistas han sido contabilizados como «desaparecidos», un término que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos supone un delito continuado en tanto no se conozca de la persona o el paradero de su cuerpo. «La impunidad de los delitos es una constante», denuncia esta investigación. 

Por esta razón, los partidos políticos que buscan la gubernatura de Tlaxcala deben desterrar este término en sus dichos y en sus hechos. Sabemos que estas palabras plasmadas seguramente tendrán una repercusión. Lo mejor es denunciar a quedarse callados… Un periodista que no es incómodo no es periodista, como dice «El Teacher».

¡Buen fin de semana!…