13 abril, 2016
Al presentar su XIII Informe de Labores, la Asociación Civil, Fray Julián Garcés criticó la pasividad con que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha actuado frente a diversos casos sobre desaparición de personas en Tlaxcala, y llamó al gobierno del estado, a que tenga una mayor capacidad de respuesta frente a este tipo de casos donde la mayoría de los casos las víctimas son utilizadas confines de explotación sexual.
Dicha organización que se dedica la investigación sobre casos de trata de personas y de víctimas de violencia y desapariciones en la entidad, reveló que en prácticamente 35 de los 60 municipios de la entidad, se aplica la actividad de la trata de personas como un negocio económico, y lamentó que la lucha emprendida por el actual gobierno estatal, no haya rendido los frutos esperados.
En este sentido, la presidenta de este organismo, María Guadalupe García Vargas indicó que la omisión del gobierno para aplicar las leyes y políticas públicas, establecidas para erradicar toda forma de violencia hacia la mujer, sigue generando que a las mujeres se les desaparezca, explote sexualmente o incluso se les asesine por razones de género.
“El aumento de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado y las graves repercusiones a nivel nacional e internacional evidencian la corrupción e impunidad que existe en el gobierno de Tlaxcala, que oculta información y simula; nos duele constatar la expansión de las redes de trata en nuestro estado”, sostuvo.
Precisó que en el año 2014 desde el Centro Fray Julián Garcés, “realizamos un sondeo de percepción ciudadana, sobre la situación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, el dato más grave fue constatar que este grave problema se ubica en 35 municipios, es decir, más de la mitad del territorio tlaxcalteca, lo cual indica que ha crecido respecto a 2008, cuando la presencia de la trata eran en 28 municipios”.
“Como ciudadanía hemos dado seguimiento al actuar de los gobernantes; todos los avances contra este grave delito que atenta contra lo más sagrado que es la dignidad de las personas, la mayoría de ellas niñas ha sido producto de la lucha ciudadana, especialmente de organizaciones, y para fortuna Tlaxcala cuenta hoy con leyes y una estrategia contra la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a pesar de todas las trabas, corrupción e impunidad, con que nos hemos enfrentado”.
Además, “nos hemos topado con la acción sistemática de parte del gobierno para ocultar la información; en 2014 sin ningún argumento, determinó que se reservaba la información respecto a las acciones derivadas del Plan Sexenal contra la Trata de personas, por doce años”.
Dedujo que esta acción ilegal fue avalada por la Comisión de Acceso a la Información Pública en el Estado (Caiptlax), situación que “nos llevó a realizar un juicio de amparo, el cual en la sentencia determinó, que para negar la información debería fundamentar las razones”.
“Constatamos y denunciamos que el aumento en Tlaxcala, de la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, así como las problemáticas socio ambientales y de despojo de los territorios, son resultado del desvío de poder del Estado, de sus políticas de simulación, del favorecimiento de la producción en una cultura de descarte, así como de la falta de perspectivas de género y de derechos humanos”, puntualizó.
Aseveró que como representante de esta asociación “denunciamos que la violación a derechos humanos es una situación sistemática y generalizada; lo constatamos en la desaparición de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa -entre ellas la del huamantleco César Manuel González Hernández-, y en las mujeres y niñas desaparecidas en Tlaxcala, como lo es la niña Karla Romero Tezmol; con ellos nos solidarizamos profundamente y nos sumamos a sus exigencias”.
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