09 septiembre, 2015
Puede ser que tenga razón Dora Rodríguez Soriano cuando se dice víctima de una “problema legaloide” entre líderes del Partido Alianza Ciudadana.
Sin embargo, resulta difícil creerle a la consejera del Instituto Estatal de Elecciones por una simple razón: en el PAC no se mueve una mota de polvo si no es con la voluntad de un único liderazgo.
Y en caso de que tenga razón, tendrá que dirigir su denuncia penal contra ese mismo liderazgo por “haber utilizado su nombre y apellidos para insertarlos en una acta notarial en abril de 2014”.
Y para ello, tiene que aclarar algunos puntos que, a la opinión pública, no quedan claros y generan una gran confusión.
Por ejemplo, si dice que nunca ha pertenecido al PAC, ¿cómo es que sabe de la existencia de un “problema legaloide” entre la familia Ortiz y Bernardino Palacios?
¿Acaso con su silencio será fácil acallar los nexos que la ligan con la familia Ortiz, que es uno de los involucrados en el “pleito legaloide”?
¿Por qué se queda con la posibilidad “de denunciar los hechos constitutivos de delitos” y no ha procedido desde que se cuestionó su imparcialidad en el órgano electoral?
¿Entiende cosas diferentes la consejera sobre moral y conciencia?, ¿Por qué sobre la primera se dice tranquila pero sobre la segunda guarda silencio?
Puede ser verdad lo que diga Dora Rodríguez. Tiene el derecho a decirlo y a que se le crea. Pero figura pública, está obligada a limpiar los hechos que le son imputados.
Particularmente cuando en la actualidad, el servicio público es sinónimo de transa, corrupción y deshonestidad.
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