28 agosto, 2015
Al menos diez Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) exigieron al Congreso del Estado, que frene la contratación de un despacho externo o bien que recurra a la especialistas para designar al próximo ombudsman, por lo que le pidieron que se apegue a lo que establece la convocatoria.
En una carta abierta que dichas organizaciones enviaron al Ejecutivo Estatal indican que se han vertido muchos comentarios en la opinión pública respecto a la legalidad y legitimidad del proceso de elección de la presidencia y el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Por ello, añaden que los candidatos a ombudsman cubrieron el proceso de selección publicado en la convocatoria y con la legalidad
que se les requirió para concursar, pero sin la presencia de las dos terceras partes de los diputados.
En tal sentido, “esperamos que lo que se dé a conocer como ‘ruta a seguir’ para la elección de la nueva sea para cubrir el déficit de participación de los diputados en el proceso de selección”.
Por ello, las organizaciones Centro Fray Julián Garcés; Un Mundo, Una Nación; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, citan que no es necesario que se gaste el dinero de los ciudadanos para que se haga el trabajo de los diputados en el proceso de selección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
En este sentido, “solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos, a cargo de Refugio Rivas Corona, encuentre el mecanismo adecuado y disponga de los medios logísticos para que el Pleno del Congreso pueda revisar los currículums de los candidatos, su propuesta de trabajo, sus expedientes que acreditan la experiencia en materia de derechos humanos y puedan ver las grabaciones de las entrevistas a las que no pudieron asistir”.
En caso de que se contrate un despacho de abogados o un grupo de especialistas académicos, precisan sería conveniente analizar si tendría validez que calificaran a los candidatos porque no aparece en la convocatoria pública aprobada por el Congreso local.
Ante esta situación, “solicitamos que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales se asesoren para establecer los criterios de idoneidad de cada uno de los documentos solicitados en la etapa de selección y las razones por las que se deben de otorgar un puntaje determinado a cada uno”.
Además, argumentan de elaborar un mecanismo de ponderación para calificar a cada uno de los candidatos y verificar la legalidad del proceso de selección; esto es en el porcentaje de calificación que los diputados deben otorgar a cada uno de los requisitos y la forma en que la sumatoria de los mismos arrojará la calificación final de cada uno de los candidatos”.
* Información JAVIER CONDE
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