26 noviembre, 2012
* Exige respeto a la división de poderes.
* Argumenta que la liberación de Valentín Rojas, presunto lenón fue conforme a derecho.
* Hoy vence el plazo para que las víctimas recurran a juicio de amparo.
Por JAVIER CONDE
El magistrado presidente de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, Mario Jiménez Martínez lamentó las denostaciones y ofensas de las que ha sido objeto por parte de algunos actores políticos como es el caso del gobernador Mariano González Zarur quien repudió la salida de un presunto lenón.
En un escrito que envió a sus homólogos y a los medios de comunicación el jurista señala que no corresponde al principio de división de poderes que impone la obligación de sus representantes de respetar la autonomía e independencia.
Precisa que “no podemos desde cualquiera de los integrantes uno, dos o más del Poder Judicial, calificar o descalificar las funciones Legislativas o Ejecutivas, no es nuestra competencia”.
Deduce que lo más importante es hacer cada quien “nuestro trabajo fortaleciendo la coordinación institucional para que los poderes cumplamos legalmente con nuestras funciones desde el ámbito de nuestra competencia y servirle como se merece a la sociedad”.
Se resolvió conforme a la ley, dice
Señala que el asunto del presunto lenón Valentín Rojas Rojas, es de carácter eminentemente jurisdiccional; el Poder Judicial al contrario de los Poderes Ejecutivo y Legislativo tiene un parámetro que mide su efectividad ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.
Argumenta que en este año, del primero de enero al 31 de octubre, la sala penal ha resuelto 551 tocas penales y en ese mismo término promovido 65 amparos directos de los cuales sólo se concedieron cinco de fondo, lo que implica una efectividad en el trabajo de la sala del 96.8 por ciento”.
Jiménez Martínez señala que a partir de que se renovó la integración del Poder Judicial, lo que inició en marzo de 2009, la sala penal se ha esforzado para cumplir con su desempeño y dice que las sentencias de toman de forma colegiada en el interior de la sala.
Critica a la PGJE
“De ahí que no es exacto emitir un juicio sin juzgar, porque no se puede afirmar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hace bien su trabajo y en la sala penal prevalece la deshonestidad, la falta de ética y de moral en dos de sus miembros”.
No obstante, el magistrado termina por criticar la actuación de la PGJE quien señala que en 2011, en cuanto a las apelaciones la procuraduría interpuso 378 apelaciones de las cuales se declararon infundadas 34; es decir su efectividad fue de 10.6 por ciento.
Mientras que en el periodo comprendido de enero al 31 de octubre de 2012, la misma procuraduría ha interpuesto 395 apelaciones, de las cuales ha declarado infundadas nueve, lo que arroja una efectividad de 2.3 por ciento, precisa.
Aclara que cuando las apelaciones del TSJ las declara infundadas, es a partir de que los agravios del ministerio público, sin inatendibles, inoperantes, insuficientes, incongruentes, contradictorios o infundados.
El magistrado apunta que lo anterior corrobora la afirmación de que la PGJE no tiene un alto índice de efectividad al integrar sus averiguaciones y que la sentencia del presunto lenón, Valentín Rojas Rojas fue dictada conforme a derecho.
No obstante, comenta que las víctimas pueden acudir a juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado y este puede revisar su sentencia de la sala y conceder el amparo para el efecto de confirmar la sentencia de condena y decretar la reaprehensión del acusado.
Y si el ministerio público representa a las ofendidas, tiene expedito su derecho para hacer valer el juicio de amparo directo cuyo término en el caso concreto está corriendo y se vence a las 24 horas del próximo lunes 26 de noviembre, agrega.
Finalmente, añade “sin que sea óbice que se pudiera presumir que el sentenciado las tiene amenazadas para no hacer valer el juicio de amparo, porque siendo las amenazas un delito, la procuraduría toene todas las facultades para perseguirlo y en todo caso presentar amparo”.