13 noviembre, 2012
Escribe ALEXIA BARRIOS G.
Anoche, por ForoTV escuché a unos muy envalentonados Héctor Aguilar Camín, Leo Zuckerman y Jorge G. Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores, criticando, como nunca antes a la estrategia fallida de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga.
Recordé que en un artículo publicado en El País (14/05/07), a lo más que se había atrevido Castañeda –que luego publicara en un libro con Rubén Aguilar— fue preguntar al gobierno calderonista si está preparado para anunciar la victoria o la derrota en su lucha contra el narcotráfico, pues el Ejército puede entrar en un proceso de desgaste mayúsculo. Sin embargo, esta lectura crítica no la volvió a plantear. Bueno, ayer ni siquiera se atrevió a decir que Eduardo Medina Mora, entonces procurador General de la República, además de haber vendido la idea de la guerra contra los cárteles a Calderón, fue quien primero mintió al negar que estuviera preparándose un Plan México en la lucha contra el narcotráfico.
Esto, después de que The Dallas Morning News informara de las negociaciones entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Hoy, dicho Plan sólo cambió de nombre por el de Iniciativa Mérida y es la forma más sofisticada que tiene el gobierno estadounidense para entrometerse en los asuntos internos de México. El caso Tres Marías, sin duda, refleja el grado de complicidad entre los gringos y las autoridades mexicanas para tener aquí, en este terreno, el campo de batalla de la guerra que es de interés netamente estadounidense.
Pero los valientes críticos del calderonismo, hoy vuelven a salir. Muy pocos se atrevieron a alzar la voz contra García Luna o los titulares de la PGR. Mucho menos para marcar la ineficiencia e ineficacia de una Secretaría de Gobernación desdentada para combatir con fuerza a la narcopolítica. Las consecuencias están a la vista.
Sin embargo, hay que atender este problema que es muy grave. Para el gobierno de Calderón, y lo será para Peña Nieto, lo importante no es ordenar la retirada del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, sino cómo hacerlo. El número de ejecuciones sigue en niveles alarmantes y el impacto mediático de éstas mantienen en vilo a gran parte de la población del país. Peor aún, al interior de las fuerzas armadas existe una gran inquietud sobre el futuro que tendrán los mandatos que puedan ser juzgados una vez pasado el actual sexenio por violaciones a los derechos humanos.
Todo lo anterior ha intensificado otro cariz del debate sobre el papel que deben guardar las Fuerzas Armadas en su combate con el narcotráfico: ¿Se ganó o se perdió la guerra? ¿Si se ganó, cuándo y en qué momento deben los militares regresar la seguridad pública a los civiles? ¿Si se está perdiendo, entonces cuál debe ser el camino a seguir para que la institución militar no salga dañada? ¿En términos de costos y beneficios (políticos, sociales y económicos), cuál será el balance para el gobierno de Felipe Calderón? ¿Cuál para los gobernadores? ¿En materia de derechos humanos, las Fuerzas Armadas estarán preparadas para sancionar y resarcir los abusos? ¿Está preparándose la retirada o para dar paso al Cuerpo de Élite del Ejército como lo plantea Peña Nieto?
Planteamos un posible escenario sobre lo que deberá moverse el próximo presidente y comandante Supremos de las Fuerzas Armadas:
Las opiniones contra la militarización del combate al narcotráfico subirían de nivel en la medida en que las denuncias sobre presuntos abusos contra la población civil se intensifiquen y el narco aseste golpes directos contra la clase política, cuerpos del Ejército o la Armada. Se argumentarían tres tesis para obligar al próximo Presidente a ordenar la retirada y a replantear la estrategia:
a) El riesgo de perder la batalla,
b) El debilitamiento de los militares ante el poder corruptor del narcotráfico
c) Y, sobre todo, la posibilidad de que se construya un estado policial.
Bajo estas tres líneas la presión mediática, social y política se posicionaría del debate mediático y podrían salir las primeras manifestaciones a las calles. Por una parte, algunos especialistas insistirían en que la guerra contra el narco no ha dado los resultados esperados y que, por el contrario, se ha desmeritado el papel de las Fuerzas Armadas y su integridad institucional. Las eventuales sanciones contra militares por violación a derechos humanos o abusos de autoridad, darían solidez a estas afirmaciones.
Por otra, organizaciones civiles y partidos políticos de oposición alertarían sobre los riesgos político-sociales de tener al Ejército en las entidades donde habrá procesos electorales
Asimismo, desde el interior del gabinete se advertirían los primeros síntomas negativos de los costos de los operativos conjuntos y de la falta de recursos para una guerra prolongada, además de las limitantes para los compromisos contraídos en materia de política social.
Los grupos sociales de corte radical y movimientos sociales emergentes, entre otros del sindicalismo independiente, se sumarían a las protestas y sus denuncias irían desde la oposición a la militarización, hasta revertir el endurecimiento de los gobiernos federal y estatales, así como las iniciativas que limitaran el derecho a la manifestación en sus respectivos congresos.
La combinación de las resistencias sociales a los operativos, el desgaste de la imagen pública de las Fuerzas Armadas y el balance negativo de los resultados de los operativos, obligarían al Presidente a replantear la estrategia y a buscar una salida menos dañina a la retirada de los militares. Esto daría lugar a dos posibles desenlaces:
Desenlace personalizado. De manera pausada y gradual, ordenaría el regreso de los uniformados en las plazas donde el riesgo de un resurgimiento de la violencia haya pasado. Bajo esquemas de negociación con los gobiernos estatales e incluso con intercambio de señales con ciertos grupos delictivos, el Presidente y su equipo decidirían el resguardo de los cuerpos armados, una tregua en la batalla y un replanteamiento táctico de la estrategia.
Sin dejar del todo el acento en la batalla contra el narcotráfico, el primer mandatario bajaría la intensidad de la guerra y esperaría otro momento para relanzarlo. La presión mediática y social bajaría, se registrarían hechos violentos pero cada vez más aislados. Las lecturas sobre este comportamiento serían encontradas.
Desenlace compartido. El Presidente abandonaría la arena de una lucha unipersonal contra el crimen organizado y convocaría al resto de las instituciones, de la clase política, empresarios y sociedad a asumir, en su justa dimensión, su responsabilidad ante la amenaza del narcopoder.
De hecho, haría suya la propuesta del Frente de Gobernadores Progresistas para llamar a un Pacto Nacional contra la Inseguridad. De este modo, se daría una pausa a la confrontación abierta contra las mafias y se daría espacio y tiempo para una defensa del país y la institucionalidad de manera coordinada, ampliada y con costos y beneficios compartidos. La comunicación social de la lucha contra el narcotráfico cambiaría radicalmente y se prestaría a tener respaldo social a través de diversos métodos vinculantes.
La convocatoria tendría eco entre los gobiernos más afectados por el crimen organizado y en ciertos segmentos sociales, más no así entre partidos políticos de oposición, grupos y movimientos sociales que no cesarían en cuestionar el papel desempeñado por los militares y sus resultados. Finalmente el desgaste de la guerra sería compartido equitativamente por todos los gobiernos y por las mismas Fuerzas Armadas. En el mediano plazo, este ajuste en la estrategia le resultaría y podría relanzar la lucha en otro nivel y fuerza.
La guerra perdida de Calderón
Cuando Felipe Calderón anunció la instrumentación del Operativo Michoacán, se cuestionó que sólo buscara tener efectos mediáticos y políticos de corto plazo: ocupar el vacío de poder dejado por la pasada administración, crear un ambiente de confianza ciudadana a la decisión del Ejecutivo federal y provocar el acercamiento con los gobiernos de partidos opositores. Finalmente esta tesis se cumplió y los efectos deseados fueron capitalizados positivamente.
a) Se reconoció al narcotráfico como el enemigo común al que debe combatirse en todos los frentes sin importar diferencias partidistas.
b) Se sumaron la mayoría de los gobiernos priístas y perredistas, a pesar de los desencuentros por el conflicto postelectoral.
c) Se generaron algunos efectos positivos para que gobiernos estatales, del DF y municipales tiendan a instrumentar sus propias medidas de seguridad.
Pero, seis años después de haber iniciado la guerra contra el narcotráfico, los cárteles y otros grupos del crimen organizado no ha sido nada mesurada y, por el contrario, su nivel de violencia y acciones de alto impacto han traspasado las fronteras. Incluso, algunos como El Chapo Guzmán, los Valencia, los propios Zetas y Caballeros Templarios se han fortalecido en sus dominios territoriales.
a) Aunque la advertencia del gobierno federal sobre el incremento de las acciones de resistencia de los grupos delictivos se reiteró infinidad de veces, los mensajes sanguinarios de los capos, empleando lo mismo a los medios tradicionales que el internet, han provocado un efecto de psicosis colectiva entre la mayoría de los mexicanos. No hay semana en que no haya una acción de alto impacto para que el miedo nos involucre a todos.
b) Ello ha creado la percepción de que la batalla está perdida y, peor aún, que de continuar no se tendría otra salida que recurrir a ampliar el apoyo de los Estados Unidos, léase Iniciativa Mérida, con todo lo que ello significa para bien y para mal del concepto de soberanía nacional.
c) Y como alertaron algunos actores, el hecho de sacar al Ejército de sus cuarteles, sin una estrategia previamente valorada, puede derivar en situaciones críticas para la población, como han sido las denuncias sobre presuntos abusos.
El problema en este momento es que existe la percepción de que la lucha contra el narcotráfico es exclusivamente del Presidente de la República y no de todas las instituciones y actores políticos y sociales. De ahí que las críticas y el desgaste sean nada más del titular del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Eso lo debe saber el equipo de Peña Nieto.
El Legislativo, por ejemplo, no ha apresurado las reformas en la materia. Los gobernadores, pese a sus responsabilidades, en lugar de asumir un papel más activo han empleado los operativos conjuntos como una fórmula para deslindarse de cualquier responsabilidad.
De ahí el incipiente debate sobre qué hacer ahora con las tropas fuera del cuartel y qué hacer después, cuando se tenga el primer parte de guerra, que hasta ahora sigue sin conocerse. El asunto es sumamente delicado y desde Los Pinos deben darle una salida inteligente.
alexiabarriossendero@gmail.com
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