15 octubre, 2012
Escribe CLAUDIO CIRIO ROMERO
Llegaron al Senado de la república inmediatamente que se instaló la actual legislatura diversas iniciativas para propiciar una nueva reforma en materia de transparencia. Se ha querido destacar mediáticamente la presentada por el PRI y el PVEM porque la hizo pública Peña Nieto, pero tanto el PRD como el PAN hicieron lo propio con sendas propuestas.
De acuerdo con la información que salió de la llamada Cámara alta, esta semana es crucial en cuanto a lo que se pueda estar decidiendo en las Comisione a las que se turnaron tales iniciativas. Curiosamente la peñanietista está en la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, mientras que las dos restantes se enviaron a la de Puntos Constitucionales y estudios legislativos.
Desafortunadamente el protagonismo del ya denominado presidente electo ha hecho que la mayor atención sobre este proceso legislativo que se inicia en la materia sea sobre su iniciativa y prácticamente se ignore las otras dos, pese a que desde mi punto de vista son más puntuales.
Puede uno incluso, sin mucho problema, coincidir con el análisis crítico de Ernesto Villanueva, publicado en el semanario Proceso de esta semana cuando dice del proyecto peñanietista que “se propone un sistema idéntico de diseño institucional que el que se busca reemplazar… Por sentido común, una reforma debe implicar pasar de A a B, no de A a A.”
Sin embargo las tres iniciativas coinciden centralmente, según nosotros en: 1) Fortalecer al órgano garante federal (IFAI) otorgándole autonomía constitucional y 2) Crear una Ley General de Acceso a la Información Pública (aunque las iniciativas del PRD y el PAN extienden la idea para que también se creé una Ley General de Protección de Datos Personales).
En base a estas coincidencias y tratando de analizar sobre lo que pueda estar ocurriendo en caso de que en comisiones se logren acuerdos y en la próxima semana se discuta algún proyecto de dictamen en el pleno, nos parece que es posible vislumbrar los dos siguientes escenarios.
Escenario uno. “Un paso más en el sendero de la transparencia” Que consistiría casi exclusivamente en un IFAI fortalecido básicamente con una reforma constitucional que garantice la tan anhelada Autonomía Constitucional del órgano garante. Cosa que sería loable en sí, pero que paradójicamente cuestiones como la de ampliar su esfera de influencia al poder legislativo y otras entidades públicas como partidos políticos (¿sindicatos?) y órganos autónomos del estado como el IFE o la CNDH, implicaría mayores responsabilidades y necesidad de mayor presupuesto, el que posiblemente no sea garantizado.
En esta lógica probablemente se acepte incrementar el número de Comisionados de cinco a siete, que particularmente no nos dice mucho o garantiza mayor calidad en su trabajo como dice Villanueva; pero muy difícilmente podemos pensar que el oficialismo acepte que el titular del Poder Ejecutivo quede fuera de la designación de los comisionados y se convoque a la sociedad para que haga propuestas.
Escenario dos. “Avanzando en la democracia por el sendero de la transparencia” Que estaría instaurando en estricto un Sistema Nacional de Transparencia compuesto por un IFAI realmente fortalecido, más órganos garantes locales también fortalecidos y más o menos homologados. Cuestión que implicaría necesariamente la creación de las Leyes Generales de a) Acceso a la Información Pública y b) Protección de Datos Personales. Leyes (más una de archivos) que como dice la iniciativa panista en lo que serían los numerales XXIX-R, XXIX-S y XXIX-T, del hipotético artículo 73 Constitucional, buscaría que respecto a ambos derechos humanos fundamentales se garantice “su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional, por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.” Aspecto en el que coincide en términos generales la iniciativa perredista.
Sin ánimo de descalificar la iniciativa de Peña, me parece que la del PAN y la del PRD coinciden más con lo que se ha discutido y propuesto en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP).
Puede uno corroborarlo por ejemplo si citamos de la del primero, en su artículo décimo transitorio que señala: “La Federación creará el Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos (sic) garantes, en los términos y condiciones previstos en las disposiciones aplicables… Dichos recursos sólo se podrán destinar actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.”
Considero que es necesario incluso que desde los estados, los interesados en el tema pudieran preguntar a nuestros legisladores cuál es su posición al respecto. Valdría la pena que las senadoras Lorena Cuellar, Martha Palafox y Adriana Dávila nos comentaran su punto de vista. Finalmente en estricto representan a Tlaxcala en el Senado, antes que a sus partidos políticos.
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