SOLAPAMIENTO

19 septiembre, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia

Por “sobregiro en los presupuestos que hace la administración municipal” de Benito Juárez, vecinos de ese municipio reclaman la inmediata destitución del alcalde Jorge Luis Coca Mellado, tras acusarlo de enriquecimiento ilícito.

Un caso espinoso, sin duda, que abona la maltrecha imagen en que se han sumido las diferentes instancias del Congreso de Tlaxcala, como el Órgano de Fiscalización Superior, la Junta de Coordinación y Concertación Política y la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Más de una vez se ha insistido, desde este espacio, sobre la necesidad de presentar pruebas fehacientes e irrefutables, particularmente cuando se lanza acusaciones de esta naturaleza.

De esta manera, los pobladores inconformes deberán probar el uso indebido de copias de documentos oficiales y la falsificación de firmas para comprobar diversos apoyos que supuestamente se otorgaron a ciudadanos de esa localidad.

Asimismo, los vecinos disidentes deberán probar que la camioneta con un valor superior a los 300 mil pesos está a nombre del alcalde o si es propiedad de la comuna; y adicionalmente deberán presentar evidencias de que el pago de colegiaturas a una escuela de educación superior se hace con recursos públicos.

Pese a ello, y conforme con lo dicho el pasado lunes por La rueda del infortunio, lo que debe alarmar a las autoridades competentes (tanto del Congreso como de la Secretaría de la Función Pública), es la percepción ciudadana de que en los “actos de corrupción, delincuenciales e indebidos”, existe el “solapamiento de las autoridades estatales”.

A eso sumemos la posible “ilegalidad” en que ha incurrido el OFS, según el dicho del diputado Gregorio Cervantes Díaz, al condicionar la recepción de las cuentas públicas de los municipios conforme a los lineamientos del Presupuesto Basado en Resultados (PBR).

El problema estriba, de acuerdo con las evidencias aportadas por el legislador del Partido Verde Ecologista de México, en que esta condicionante debió ser norma desde el 2011, pero no fue sino hasta el presente ejercicio fiscal cuando lo aplicó el OFS en Tlaxcala, derivado de la reforma Constitucional realizada en el 2008.

Al quedar pendiente la revisión de las cuentas, se abre una posibilidad para que el tiempo corra y no se revise el manejo de los recursos públicos en los municipios. Ergo, al no darse la fiscalización, se generan condiciones para operar discrecionalmente los dineros oficiales.

No hay margen para atrasar medidas correctivas y preventivas. Tampoco hay margen para dejar pasar una denuncia ciudadana que, de no investigarse, será la punta de lanza para muchas manifestaciones de inconformidad en todo el estado.