CORRESPONSABLES

10 septiembre, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

(edgaconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia)

¿Quién se hará responsable por no aplicar una ley, en Tlaxcala, sobre el escándalo por corrupción al interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Local?

El anuncio hecho por la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, de “no proteger” al auditor del OFS, Crispín Corona Gutiérrez, en caso de que se compruebe el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a legisladores y ex trabajadores de la LIX Legislatura.

Más no hay un pronunciamiento sobre la postura que asumirá el congreso de Tlaxcala para limpiar no sólo la imagen de los legisladores, sino particularmente para darle certeza al trabajo que realice el OFS en su papel vigilante del manejo de los recursos públicos de todos los entes que reciben ingresos públicos.

Si, como dijo Lilia Caritina Olvera Coronel, presidenta de ese organismo, el Congreso no será comparsa sobre el manejo de los recursos públicos, se hace urgente que los propios legisladores inicien con el proceso de juicio político en contra del titular del OFS.

Independientemente de la culpabilidad o no del auditor del OFS, Crispín Corona Gutiérrez, es inaudito que pese a las pruebas presentadas, se mantenga en el cargo a un funcionario que, por ley, debe ser removido para enfrentar la investigación y el proceso correspondientes.

La certidumbre jurídica debería iniciar desde el organismo donde nacen las leyes. No obstante, todo apunta a decisiones timoratas, según el dicho de Olvera Coronel: no habrá proceso de persecución contra Crispín Corona Gutiérrez, si no existen pruebas concretas.

Surge, entonteces, una duda, ¿qué carácter tiene la documentación presentada por el diputado Gregorio Cervantes Díaz? Conde se evidencias diversas anomalías.

“Resultaría irresponsable de nosotros hacer o actuar en funciones de situaciones que no estén fundamentadas legalmente porque estaríamos incurriendo en una anomalía legal”, dice Lilia Caritina Olvera.

¿Acaso no es igualmente irresponsable y una anomalía legal dejar pasar el tiempo sin que existan acciones que generen confianza y certidumbre entre la población?

¿No es irresponsable y una anomalía legal haber tenido evidencias sobre un actuar “sospechoso” del OFS por no castigar a municipios que violentaron la norma y sí, en cambio, haber expuesto a dos ex alcaldes (de Apizaco y Calpulalpan), sin que se hubieran tomado las acciones pertinentes?

Todavía hay más dudas: ¿si con el tiempo se comprueba un actuar deshonesto o ilegal de algunos integrantes de este cuerpo colegiado, quien los pondrá en el banquillo de los acusados?

¿Sí, como ocurrió presuntamente con la legislatura anterior, se comprueba que hubo prebendas y coacción hacia algunos legisladores, qué garantía tenemos los tlaxcaltecas sobre un actuar legal y responsable?

Llama la atención que los legisladores actuaran y declararan como si tuvieran miedo. Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado categóricamente sobre el asunto y a lo más que se ha atrevido es a declaraciones tibias, sin asumir una postura clara y concreta.

Y entonces, quienes no se asuman en una tendencia, a favor o en contra, serán corresponsables del curso que tomen los acontecimientos generados a partir de su indefinición.