15 abril, 2026
Vaya quemón le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Órgano de Fiscalización Superior con respecto a la cuenta pública de 2024 de de Contla de Juan Cuamatzi.
Ahora el Congreso del Estado, busca enmendar ese garrafal error con declaraciones inequívocas de Bladimir Sainos, presidente de la Comisión de Finanzas del Poder Legislativo.
Este fallo de la Corte mexicana cambia el panorama sobre la fiscalización en la entidad, pues los ex alcaldes que fueron a prisión pueden cambiar la propia historia cuando la misma sea tomada como instrumento político.
El alcance de este fallo tomó por sorpresa al OFS y a los poderes Legislativo y hasta Ejecutivo.
¿Cuántas cuentas públicas fueron auditadas en sus recursos federales sin existir convenio de colaboración entre el OFS y la ASF?…
Y es que quedó abierta la posibilidad de que los alcaldes pueden denunciar y hasta exigir responsabilidades.
Incluso, podrían evidenciar la fabricación de expedientes que los llevó tras las rejas como el caso del ex alcalde de Zacatelco, Hildeberto N. quien enfrenta un proceso legal por posible peculado.
La misma controversia Constitucional 245/2025, que fue aprobada por los ministros dejó asentado que la fiscalización de recursos federales transferidos a ayuntamientos no corresponde a los órganos estatales, sino a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El máximo juzgado en México aprobó un proyecto de la ministra Loretta Ortiz, donde resolvió que tanto el Congreso de Tlaxcala como el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) vulneraron la libre administración hacendaria municipal.
Esto al auditar recursos federales sin que existiera de por medio un convenio de coordinación con la ASF, según lo previsto en la Constitución federal.
Esto se da en respuesta al recurso promovido por el ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi que se inconformó por la revisión practicada a sus finanzas municipales de un ejercicio anterior.
A decir del Congreson del Estado, dijo que había irregularidades financieras por más de 8.3 millones de pesos de fondos de origen federal.
La ministra aclaró que esto indica que independientemente de que no haya existido convenio entre el OFS y la ASF, no quiere decir que la instancia correspondiente federal deje de auditar al mencionado ayuntamiento.
Fiscalización como instrumento de persecución política
No se descarta la posibilidad de que el OFS se preste a ser un instrumento de persecución política, y más aún en tiempos electorales.
No obstante, habrá más de un expresidente o bien alcalde afectado que revise sus expedientes y analice su en el análisis de sus cuentas públicas existió ese dichoso convenio.
Y cuando hablo del Ejecutivo en un inicio puso a pensar más de uno por aquello de que sea posiblemente un instrumento de control o bien persecución política desde la Fiscalía General de Justicia del Estado que no tiene nada de autónoma.
¡Buen miércoles para ustedes!…
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