25 marzo, 2026
Infórmate aquí https://elpopular.mx/secciones/tlaxcala/2026/03/25/a-24-anos-exigen-justicia-por-fabricacion-de-culpables-en-caso-tlaxcala-iniciado-en-el-sexenio-de-alfonso-sanchez-anaya
El caso Tlaxcala formó parte de una política gubernamental que derivó en torturas y detenciones arbitrarias, sostienen defensores.
“Somos víctimas de un sistema corrupto”, dice Ricardo Antonio Almanza desde el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en una llamada telefónica grabada.
Ricardo entró a prisión por primera vez a los 23 años, acusado de formar parte de una banda de secuestradores conocida como Los Kempes.
Era agosto de 2002, durante el sexenio del panista Vicente Fox y la administración del gobernador perredista Alfonso Sánchez.
“La famosa banda de los Kempes, como la de los Zodiaco, nunca existió”, sostiene el abogado Agustín Acosta, quien apunta a un caso de fabricación de culpables que mantiene a tres personas en prisión 23 años después de su detención arbitraria.
Hoy, Ricardo Almanza, Jorge Hernández Mora y Sergio Rodríguez Rosas se mantienen en prisión acusados de un secuestro cometido por agentes ministeriales de Tlaxcala en el año 2002.
Detenidos el 13 de agosto de 2002, los tres hombres fueron sometidos a torturas junto con Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra y José María Cirilo Ramos Tenorio, todos implicados en un secuestro en Tlaxcala, pese a que vivían en la Ciudad de México y nunca habían estado la entidad.
El caso Tlaxcala, documentado exhaustivamente por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) representa para las familias y la defensa un caso más de la “cruzada antisecuestros” que dejó a inocentes en prisión y una estela de impunidad.
Agustín Acosta, también defensor de la ciudadana francesa Florence Cassez (liberada en 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) considera esta cruzada como “una política deliberada de torturar personas, fabricar delitos y encubrir la incompetencia”.
Sin órdenes de aprehensión, durante “revisiones de seguridad”, seguida de la exhibición en los medios masivos y sesiones de tortura con el fin de conseguir inculpaciones. Así fue la detención de los seis hombres acusados de secuestro.
Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, señala el contexto histórico de esta detención.
Una oleada de secuestros durante los primeros años del gobierno de Vicente Fox y una cruzada desde el gobierno que derivó en violaciones graves a los derechos humanos.
“El caso Tlaxcala fue una decisión deliberada por parte de un gobierno de ejecutar una política de investigación del delito de secuestro sin importar las consecuencias”, indicó Guerrero al recordar a una de las figuras relevantes de la época, el extitular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. Así lo publicó el medio de comunicación Fábrica de Periodismo en su edición de ayer.
https://x.com/lafabricamx_/status/2036642593308610790?s=46
Bayardo…
Cabe recordar que en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya florecieron los secuestros, y para calmar la presión social varias mujeres y hombres fueron “chivos expiatorios” del entonces sub procurador Edgar Bayardo del Villar.
El ex comandante de la Policía federal Preventiva (PFP) y testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), Édgar Enrique Bayardo del Villar, fue ultimado a tiros mientras tomaba café en un restaurante de la Ciudad de México el dos de diciembre de 2009.
Bayardo del Villar era, al mismo tiempo, comandante de la PFP e informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y del cártel de Sinaloa, los narcotraficantes le pagaban 25 mil dólares mensuales.
Alrededor de las 11:15 horas, el ex jefe policiaco y su escolta llegaron a la sucursal de Starbucks que se localiza en el cruce de las calles Pestalozzi y Pilares, en la delegación Benito Juárez.
Quince minutos después Bayardo del Villar comía un emparedado y bebía café en una mesa cercana a la entrada del local, cuando dos sujetos descendieron de una camioneta color verde, con placas del estado de México matrícula IZU-1330.
Uno de los individuos abrió la puerta de vidrio. Otro más, de baja estatura, fornido, cabello corto y barba de candado, disparó una ráfaga con su metralleta contra el ex comandante. Bayardo del Villar cayó muerto en el lugar. Su escolta, José Solís Castillo, resultó gravemente herido, y la comensal María Eugenia Martínez fue lesionada de bala en una pierna.
Los agresores huyeron del lugar y calles adelante abandonaron la camioneta. La policía revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los autores del crimen.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició una averiguación previa y hasta el momento siguen a cargo de las investigaciones. Por la noche, la PGR abrió el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIDCS/1378/09.
Ricardo Nájera, vocero de la PGR, confirmó que Bayardo del Villar (quien poseía una fortuna superior a los 30 millones de pesos, propiedades y obras de arte), era testigo protegido desde diciembre de 2008, año en el que fue detenido luego de que se descubriera que Jesús El Rey Zambada, le había llamado en octubre de ese año para evitar su captura en la colonia Lindavista, en el Distrito Federal, luego de un enfrentamiento con policías capitalinos.
Este es el segundo caso en que muere un testigo protegido de la PGR que ha servido para inculpar a personajes del cártel de Sinaloa, como El Rey Zambada, Ismael El Mayo Zambada e inclusive Víctor Garay Cadena, ex comisionado interino de la PFP.
La primera muerte fue la de Jesús Zambada Reyes, hijo de El Rey Zambada, quien oficialmente se suicidó el pasado 20 de noviembre en una casa que perteneció a Amado Carrillo Fuentes, y que se localiza en Xitle 81, en la colonia Santa Úrsula, en el Distrito Federal.
El Ministerio Público Federal oficialmente no participa en la investigación, sin embargo, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), del Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Corrupción y de la Policía Federal, conocen los resultados de las indagatorias que realiza la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para determinar si la PGR debe hacerse cargo de la investigación.
En 2008, el nombre de Édgar Enrique Bayardo se convirtió en referente de la vinculación entre altos mandos de la policía federal y las organizaciones criminales, luego de que el 16 de octubre de ese año encabezó un operativo para detener a presuntos narcotraficantes colombianos en una residencia que se localiza en el Desierto de los Leones, y el 20 de octubre, Jesús El Rey Zambada, le llamó para que evitara que lo detuvieran policías capitalinos y federales tras un tiroteo en la colonia Lindavista.
Tras su detención se conocería que el cártel de Sinaloa le pagaba para que atacara y detuviera específicamente a los integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Sus declaraciones sirvieron para la detención del ex titular de la SIEDO Noé Ramírez Mandujano y la captura de ocho funcionarios más dentro de la llamada Operación Limpieza.
Fuente: La Jornada
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