09 julio, 2025
Todos los miembros del Cabildo de Apizaco de la presente administración que encabeza el morenista Javier Rivera Bonilla, así como la anterior que presidió el panista Pablo Badillo Sánchez, están denunciados penalmente por haber dado su anuencia para vender dos vehículos, a pesar de que estos estaban embargados dentro de un juicio laboral.
Los hechos están asentados en la Carpeta de Investigación número 480/UMAS/APIZ/2025. Los involucrados están citados para este jueves 10 de julio por el Fiscal adscrito en Apizaco, a través de la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, mediante Oficio número 456/2025 signado por Jorge Andrés Dorantes, en su carácter de Facilitador de dicha Unidad.
Ahí, tendrán que exponer sus alegatos derivado de la venta ilegal de los dos automotores que estaban en prenda por el citado juicio laboral promovido por la extrabajadora Rosalinda Gollaz Gil, así lo publica el diario digital Ojo de Águila, en su edición de hoy.
Todos los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Apizaco podrían quedar sujetos a proceso penal por el delito de abuso de Confianza (o Depositario Infiel).
Lo anterior ocurrirá, ya que mediante común acuerdo aprobaron disponer para su venta los vehículos camioneta Ford Transit, con número de placas XWF-84-18, con número de serie WF0RS4J51BJA81400, color blanca; así como el automóvil marca Nissan, modelo 2015 , placas XWL-85-30, número de serie: 3N1EB315XFK300053, color blanco tipo Tsuru, los cuales se encontraban bajo su guardia y custodia judicial por haber sido embargados con anterioridad dentro del juicio laboral CDT 379/2019-2 radicado ante las autoridades locales del trabajo.
Ambos bienes habían sido entregados a un depositario formalmente designado por el propio Ayuntamiento, pero fueron sustraídos y vendidos sin fundamento legal alguno.
La decisión fue tomada por integrantes del Cabildo actual y del anterior, lo que podría configurar un delito de abuso de autoridad, desobediencia a un mandato judicial y posible daño patrimonial. Los vehículos no han sido restituidos a la parte que legalmente los reclama, lo que motivó las acciones legales en curso.
Los responsables deben ser señalados con nombre y apellido, así como responder ante la Ley por esa flagrante violación al Estado de Derecho.
Ante este caso recientemente destapado, la ciudadanía apizaquense exige transparencia, justicia y castigo a quienes, ostentando un cargo público, pisotearon la Ley con total impunidad.
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