18 junio, 2012
Escribe ALEXIA BARRIOS G.
Me cuentan que esta semana, desde Los Pinos, diversos medios y formadores de opinión, han recibido la instrucción de “desinflar” a Andrés Manuel López Obrador: bajarlo de las encuestas, incluso colocándolo en el tercer lugar; restarle posibilidades de triunfo y jubilándolo para irse de descanso a su rancho en Palenque, de tan elocuente nombre. El objetivo es “levantar” a Josefina Vázquez para evitar una catástrofe en la correlación de fuerzas en el próximo legislativo federal.
Esta operación denominada #AdiósPeje es de alto riesgo, porque abonaría más al clima de incertidumbre y desconfianza que hay sobre cómo se desarrollará el proceso electoral del 1 de julio y al ambiente social crispado para que a partir del día 2 estalle cualquier cosa. Y por “cualquier cosa” nos referimos a la “cerrazón” de Calderón para impedir el triunfo de Peña Nieto o López Obrador. Jacobo Zabludovsky este día, hace un apunte muy importante sobre el ánimo que acompaña a algunos de los sectores del movimiento #YoSoy132 (al que por cierto, cada vez se suman más “viejos” nostálgicos de espíritu revolucionario): “La efervescencia juvenil de las últimas semanas, en las principales universidades mexicanas, no ayuda a la tranquilidad porque los estudiantes son presa codiciada de toda la infinita caterva de pillos agazapados en los rincones. El movimiento ha dado pruebas de solidez y los jóvenes se muestran maduros en sus posturas y en la forma de exigir atención a sus problemas. Pero, cuidado.”
No ajeno a lo anterior es la inaudita aprehensión de “altos mandos” de los cárteles de la droga en el Golfo y el Pacífico, en el centro y norte, que se ha traducido en un incremento de la narcoviolencia en todo el país.
De acuerdo con el académico y director de la facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, José Luis Prado Maillard, en declaraciones a Excélsior, los municipios son las zonas más vulnerables en la jornada electoral del primero de julio, toda vez que no sólo se elige al Presidente de la República, sino a diputados locales y presidentes municipales, personajes que son piezas clave para llevar a cabo la operación ilícita de las organizaciones criminales.
Más aún, explica Prado Maillard: “existe un gran riesgo de que en algunos municipios pueda vulnerarse la jornada electoral por las acciones de los grupos criminales quienes pueden empezar a amenazar o amedrentar para obtener los resultados que ellos necesitan para facilitar sus operaciones ilícitas”. Hasta ahora, sólo diez entidades del país han enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) su mapa de riesgos para la jornada del 1 de julio, donde son “varios los municipios que se encuentran en estado de alta vulnerabilidad por acciones del crimen organizado, por lo que han solicitado apoyo de seguridad”.
Pero no sólo esto ocurre a unos meses de que Felipe Calderón entregue la Presidencia de la República, sino que, “bajita la mano” y aprovechando que partidos, candidatos y diputados y senadores están distraídos con las campañas, el titular del Ejecutivo ha ido resolviendo acuerdos que dilató por casi seis años.
El pasado 13 de abril, la Cámara de Senadores ratificó el Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, suscrito por los gobiernos de México y Estados Unidos, el cual sólo tuvo la oposición de los legisladores de izquierda, y extrañamente avalados por los senadores del PRI, teniendo a Francisco Labastida y Rosario Green como principal defensores de la iniciativa de Calderón, cuando había sido Francisco Rojos el que mejor argumentó en su momento para hacer críticas severas a dicho acuerdo.
No es una decisión menor cuando la economía de México depende casi absolutamente de la explotación petrolera. Con este Tratado, el gobierno mexicano acepta que más de 30 concesiones privadas estadounidenses operen en la línea transfronteriza mientras que Pemex aún no tiene capacidad para hacerlo. Además, no están claros los cálculos sobre cantidades de hidrocarburos que corresponderían a cada país y se evitó aclarar todo lo referente a la reserva petrolera, por lo que, como lo advirtió Pablo Gómez, “los consorcios estadunidenses que participarán pueden apoderarse de ese bien, que pertenece a la nación”.
Sin duda, esta decisión de último momento representó un retroceso al acuerdo alcanzado en 1998 por iniciativa del entonces senador José Ángel Conchello cuando se opuso a la “operación popote” en el llamado Hoyo de Dona.
Ahora, también tomando revuelo un asunto muy delicado y trascendente.
En el sector de las telecomunicaciones, las Comisiones Federales de Telecomunicaciones (Cofetel) y de Competencia (CFC), también al “cuarto para las doce, han ofertado una doble trampa a los grandes capitales, so pretexto de alentar la competitividad. Por una parte, se ha destrabado la alianza para fusión Televisa-TVAzteca (y Telefónica) en telefonía celular y se abre la licitación para nuevas cadenas de televisión abierta, la cual todo apunta que no está siendo transparente, equitativa y para darle paso a nuevas ofertas televisivas. Y al mismo tiempo, se ha dado luz vez a la política de digitalización televisiva y el Convenio Marco de Interconexión (CMI), donde lo que impera es una medida desesperada y fuera de planificación de largo aliento.
En suma, Felipe Calderón está dejando una serie de frentes abiertos, algunos amarillos y otros rojos, para quien se quede con la Presidencia de la República. Es decir, con poco margen para maniobrar con éxito y hacerle frente en sus primeros meses de gobierno. Es la manzana envenenada su herencia maldita.
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