ACUSACIONES

18 mayo, 2012

Escribe EDGAR R. CONDE CARMONA

edgarconde@indicemedia.com.mx / www.twitter.com/su_excelencia

Castigo, pide la delegada en Tlaxcala de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Clara Torres López, para quienes acusen, sin fundamento, el mal uso de programas sociales.

¿A qué viene la declaración? ¿Qué sabe la delegada que, sin pregunta expresa y a través de un comunicado oficial, la funcionaria federal señala que “tan deleznable es quien pretende utilizar los programas sociales en beneficio particular, como quien los usa para atacar sin sustento?

La ley es clara al respecto y los programas sociales no pueden, no deben emplearse con fines personales, partidistas o electoreros. Eso es claro.

Lo previsible es que la declaración de Clara Torres sea una respuesta concreta al dicho de Martín Ruiz (V Señorío, http://www.e-consulta.com/blogs/senoriotlaxcalteca/?p=1825): “creo que es necesaria la sustitución de la señora Clara al frente de la Sedesol. Con respeto le decimos, no da el ancho. A juzgar por su licenciatura (muy respetable) se encuentra al margen de políticas sociales para asumirse en incansable gestora de recursos”.

En su columna, Martín Ruiz recurre a la tesis de que piezas clave al interior de la delegación de la Sedeso en Tlaxcala serían incondicionales de la candidata panista al Senado de la República, Adriana Dávila. Recordemos que el esposo de la candidata a la Cámara alta, Ricardo Sánchez Cervantes, maneja el Programa de Desarrollo Humano “Oportunidades”.

O tal vez, el dicho de la delegada sea una respuesta al anuncio hecho por el PRI de Tlaxcala, que denunciará a ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a la candidata Adriana Dávila Fernández por supuestos actos de nepotismo.

Según lo dicho por el presidente del PRI tlaxcalteca, Arnulfo Arévalo Lara, familiares directos de la aspirante a un escaño senatorial (entre hermanas, sobrina y cuñada) ocupan cargos en diferentes dependencias federales, desde donde podrían condicionar el voto de los ciudadanos.

Lo cierto es que en pleno proceso electoral más valdría a la propia dependencia federal reorganizar la estructura operativa de la delegación en Tlaxcala, a efecto de generar verdadera certidumbre y evitar suspicaces comentarios sobre la posibilidad de que recursos federales estén aterrizando en campañas electorales.

De otra manera las acusaciones subirán de tono en los próximos días y quizá, al interior de algunos partidos, se destine una comisión de vigilancia de vehículos y personal de la dependencia para verificar que no cometan delitos electorales.