19 febrero, 2019
La Diputada Federal por Tlaxcala, Claudia Pérez Rodríguez afirmó que todos aquellos que estén en contra de la reforma del artículo 19 de la Constitución, se opondrán rotundamente a garantizar la tranquilidad de la sociedad mexicana, y a que exista objetividad en la aplicación de la norma.
En la máxima tribuna del país, la morenista indicó que mucho se ha hablado sobre los aspectos técnicos de la modificación a tal articulado de “nuestra Carta Magna, con relación a la integración del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, contenida en la minuta que proviene del Senado de la República”.
Sin embargo, “la presente reforma, no constituye -aclaró- una pena adelantada, pues sólo es una medida cautelar provisional, para garantizar que el imputado acuda al desarrollo del procedimiento y al juicio, misma que obligará al Ministerio Público a trabajar de manera adecuada”.
Lo anterior, añadió para lograr que el juez de control “necesariamente la decrete de oficio, conforme a los delitos que así se establezcan en la Constitución y lograr con ello, un equilibrio para la víctima, en la cual se evite en todo momento la impunidad”.
Explicó que dicha reforma Constitucional de ninguna forma es violatoria a la presunción de inocencia del indiciado y menos a los derechos humanos, pues “recordemos, que tanto el imputado como la víctima tienen derechos humanos”.
Argumentó que es pertinente recalcar que la prisión preventiva no es adelantar el sentido de la sentencia, sino por el contrario, evita que aquellos que probablemente cometieron un delito puedan sustraerse de la acción de la justicia, al representar un peligro para la sociedad y las víctimas.
“En Morena estamos completamente a favor de una impartición de justicia efectiva y para ello, es necesario crear las condiciones adecuadas, a fin realizar una investigación eficaz y clara, ampliando el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, citó.
Ejemplo de lo anterior, es la preocupante situación que “hemos vivido con el robo de combustibles, cuya incidencia aumentó de forma notable en los años anteriores y que por no existir una tipificación adecuada al respecto, ni medidas cautelares enérgicas tal delito se desbordó”.
“El robo de hidrocarburos es un negocio millonario, que, para su ejercicio, necesariamente tenía que ser solapado por las altas esferas del poder político y que por tal circunstancia permeó hasta la base de la sociedad, cuyas desastrosas consecuencias las hemos visto en situaciones como los sucesos de Tlahuelilpan, Hidalgo”, acentuó.
Por ello, “necesitamos crear acciones más coordinadas, y dejar de lado nuestra filiación partidista y ponerse a trabajar en serio por la ciudadanía que merece resultados eficaces; lo anterior por que existe una deuda histórica del gobierno con el pueblo, y por ende, insto a que se apruebe esta reforma en San Lázaro”.
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