23 febrero, 2018
La Sala Regional Ciudad de México, confirmó –en lo que fue materia de controversia- la resolución del Consejo General del INE, que impuso al Partido Alianza Ciudadana sanciones por irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos ordinarios correspondiente al ejercicio 2016.
Lo anterior, entre otras cuestiones, porque si bien el INE determinó que, a pesar de que el partido ocupó el financiamiento privado que recibió en 2016 solamente para la etapa de precampañas y campañas y no para gasto ordinario, ello no era suficiente para tener por solventada la observación relativa a que excedió el monto anual autorizado para dicho tipo de financiamiento.
Por otra parte, el cálculo que el partido hizo a partir de su interpretación de la normatividad que establece los límites al financiamiento privado que podía recibir durante el ejercicio, no corresponde con lo dispuesto por los acuerdos emitidos por el OPLE ni la normatividad aplicable.
Además de lo anterior, contrario a los argumentos del partido, el INE sí cuenta con facultades de fiscalización y valoró la documentación relacionada con los pagos que habían sido efectuados, teniendo por solventada la observación sobre la omisión de pago de impuestos por los años fiscales 2013 y 2014; sin embargo, en relación al ejercicio fiscal 2015 y 2016, no se aportó prueba que evidenciara su cumplimiento.
Por último, en la resolución impugnada se valoraron los elementos que la normatividad electoral impone para calificar cada una de las faltas y la individualización de la sanción.
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