16 enero, 2012
Escribe CLAUDIO CIRIO ROMERO
Samuel P. Huntington en su famoso libro de La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, plantea que a las dos primeras de estas olas que ocurrieron en dicho periodo, les correspondió una especie de “contraola”.
Para este estudioso norteamericano una de estas olas, no es otra cosa más que “un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático” y en tal sentido olas y contraolas, dice como justificando ideológicamente más que explicando científicamente, “sugieren el modelo de dos pasos adelante y uno atrás”.
Siguiendo dicho modelo se puede afirmar que México vivió una ola de transparencia durante la primera década del presente siglo y se avizora una contraola de opacidad de mediados del año pasado al principio de este.
A casos como el de Veracruz en el que se quita la cualidad de definitivas e inatacables a las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública (IVAI); y el de Jalisco (y la amenaza en Tlaxcala) donde se legisla para violentar la libertad de expresión; se suma Puebla, donde se pretende inhibir el acceso a la información pública por la vía del costo de los soportes de la misma.
Concretamente (o como lo que genera mayor escándalo) se eleva el costo de las copias certificadas a 80 pesos por hoja, cuando en el DF por ejemplo es de sólo 5 o en Jalisco de 18.50 pesos. Imagine usted que sí el documento que se le va a proporcionar tiene sólo cinco hojas, lo que tiene que desembolsar son ¡cuatrocientos pesos!, es decir poco menos de la mitad de lo que gana un obrero a la semana en la región.
Por ello es que la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) encabezada por Miguel Castillo, promoverá una Acción de Inconstitucionalidad contra “los artículos 73 y 76 de la ley de ingresos del estado de puebla, para el ejercicio fiscal 2012.”
Dice el borrador de la misma, elaborado por la Comisionada del INFODF, Areli Cano, que “Como se puede apreciar, el costo elevado de la reproducción también es condicionante del acceso a la información, ya que imposibilita su accesibilidad a los particulares, que requieren de la reproducción, con lo que a su vez obstaculiza el acceso, situación que se puede traducir en una argucia de la autoridad Estatal para no permitir que se conozca o se haga pública la información atinente al gasto público y ello trastoca y hace nulos los principios y garantías consagrados en el artículo constitucional de mérito.”
Pero eso no es todo. Lo del costo, que está estipulado en el artículo 73 por sí mismo ya es reprobable. Lo francamente pro opacidad es que además ordena que “La información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a la operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal que, en términos de las disposiciones aplicables no exista impedimento para proporcionarla, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo el pago de los derechos a que se refiere la fracción I de este artículo.”
La CAIPTLAX, sus tres comisionados, se adhiere solidariamente, a suscribir la mencionada acción de inconstitucionalidad y con ello, por lo menos quien esto escribe, enviamos el mensaje a todos los sujetos obligados por nuestra ley en la materia que no permitiremos que se quiera inhibir el acceso a la información pública con costos altos de la reproducción de la misma.
Además con el artículo 76, se quiere obligar al solicitante de información a presentar su Cédula Única del Registro de Población con la que se viola el artículo 6to. Constitucional que en esencia mandata que para ejercer este derecho no es necesario presentar identificación personal alguna.
No queremos ser alarmistas pero lo mencionado arriba pareciera que forma parte del inicio de una cotraola de opacidad a la que en Tlaxcala parece haber algunos interesados en sumarse, no sólo por los artículos 46 y 47 de la iniciativa de nueva Ley de Acceso a la Información Pública, sino por otros aspectos de la misma que es necesario debatir a la luz pública. Debate en el que los diputados, quienes finalmente son los que votarán, dejen clara su posición, que desde nuestro punto de vista es a favor o en contra de fortalecer la transparencia en Tlaxcala.
En contra estarían los que ciegamente o por consigna partidaria aprueben tal como se ha presentado la iniciativa mencionada. A favor los que la revisen concienzudamente y hagan caso a lo que en este espacio hemos señalado respecto al tema.
En el fondo también se trata de hacer avanzar nuestra democratización o de estancarla. Ya veremos que deciden nuestros representantes.
ccirior@caip-tlax.org.mx twiter: @ccirior
* Comisionado de la CAIPTLAX
© 2025 ÍNDICEMEDIA
