28 enero, 2018
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), recibió el Premio a la Cooperación Internacional, otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Lo anterior, con motivo de la cooperación en investigación bilateral en la desarticulación de un grupo delictivo el cual posiblemente se dedicaba a la trata de personas.
A través de trabajos de investigación, se logró ubicar a los principales operadores de esta organización, la cual operaba en los estados de Puebla y Tlaxcala, quienes cooptaban a sus víctimas, principalmente mujeres, que eran explotadas sexualmente tanto en México, como en los Estados Unidos de América.
En el año 2017, la AIC, cumplimentó dos órdenes de detención provisional con fines de extradición internacional, en contra de dos de los posibles integrantes de este grupo dedicado a la trata de personas.
En un primer operativo, el cual se llevó a cabo el dos de marzo, en coordinación con la División de Inteligencia de la Policía Federal, se logró el aseguramiento de Raúl “N”, por la probable comisión de siete cargos en los delitos de asociación delictuosa, trata de personas y tráfico de indocumentados.
El tres de mayo de 2017, agentes de la PGR, en Papalotla, Tlaxcala, detuvieron a Juan “N”, por su posible responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada, trata de personas con fines de explotación sexual, violación y secuestro.
El aseguramiento de estos individuos permitió frenar la operatividad del grupo delictivo y el rescate de víctimas de trata de personas.
Omar García Harfuch, director de la AIC, recibe el premio durante una ceremonia celebrada en Nueva York el viernes pasado.
La investigación de la familia Granados comenzó en octubre de 2011, y fue a través de la cooperación conjunta de la AIC, la Policía Federal de México, el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que esta organización, que funcionó durante aproximadamente 10 años, finalmente derribado.
El año pasado, lograron localizar y arrestar a los líderes actuales de la organización, que llevó a cabo su negocio en Tenancingo, Tlaxcala.
Hasta el momento, 31 personas -miembros de la familia Granados y sus asociados- han sido sentenciados o están pendientes de juicio por delitos relacionados con la trata de personas.
«Esta investigación es el ejemplo simbólico de la excelente coordinación y los lazos de cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos y México», dijo el director de Asuntos de Aplicación de la Ley Internacional de la Procuraduría General de la República, Francisco Almazán.
La familia Granados vivió lujosamente y se sabe que apoyaron económicamente a la comunidad de Tenancingo con donaciones para celebraciones o infraestructura, con el fin de convertirse en una inspiración para la gente de la comunidad, especialmente los jóvenes.
Sus víctimas fueron forzadas a ejercer la prostitución en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, y luego se mudaron a Sonora para ser traídas ilegalmente a los Estados Unidos.
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