07 agosto, 2017
Una vez que la Secretaría de Gobernación (Segob), en el ámbito federal determinó no emitir alerta de género para el estado de Tlaxcala, por considerar que se han emprendido las acciones necesarias para combatir la violencia de género y la trata de personas, también dejó claro que deben aplicar acciones entre entidades circunvecinas.
Dentro de la resolución emitida este fin de semana, la dependencia federal detalla que es necesario asegurar que dicha política institucional considere las posibles rutas de movilidad que van de Tlaxcala a Puebla y de Tlaxcala a la Ciudad de México, o cualquier entidad federativa, estableciendo para ello, una acción coordinada entre dichas entidades federativas para atender el movimiento de posibles víctimas de trata de personas.
Define que en un periodo de seis meses la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), valorará las acciones que ejecute el gobierno estatal, que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez, en atención a esta resolución.
Cabe recordar que el ocho de agosto de 2016, la organización “Todos para Todos” presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), una solicitud de alerta de género para los municipios de Apizaco, Acuamanala, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaltelulco, Papalotla, Ayometla, Axocomanitla, San Pablo del Monte, Teolocholco, Tenancingo, Xicohtzinco y Zacatelco.
Dentro de las consideraciones que detalla la secretaria cuyo titular es Miguel Ángel Osorio Chong. Indica que es importante diseñar e implementar un protocolo de identificación de víctimas de trata de personas, que parta de los principios establecidos por el Manual de Perfiles aplicados a la detección de víctimas y victimarios del delito de Trata de Personas de la Organización Internacional para las Migraciones
El cual vaya acompañado de un programa de capacitación integral y multidisciplinario, enfocado en el funcionario público encargado de la política interior del estado, la prestación de servicios de salud, de procuración de justicia y de seguridad pública.
Argumenta que con independencia de la aprobación de la nueva Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el estado de Tlaxcala, cuya iniciativa fue presentada por el ejecutivo de esa entidad federativa, se emita un Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos Delitos.
El cual vaya diseñado con base en los principios internacionales en la materia y tomando como referencia las mejores prácticas; en el que se prevean medidas preventivas y punitivas para combatir la trata de personas, especialmente la de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Con base en lo anterior, citó que vaya estableciendo un apartado que contenga lineamientos para la protección y asistencia a las víctimas de la trata, como son la prestación de servicios de rehabilitación y reinserción social de las víctimas definiendo una metodología para la evaluación de los progresos en la consecución de las metas y objetivos del programa.
“Igualmente, con independencia de que se apruebe la iniciativa de nueva ley antes referida, se debe crear una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y se le dote de ministerios públicos y policías ministeriales especializados suficientes, así como los recursos humanos y materiales necesarios para asegurar las capacidades institucionales”, añade.
Pugna porque en el rediseño de las campañas de comunicación, es necesario fortalecer la difusión de información relativa a los mecanismos de captación de las personas víctimas de trata, con especial énfasis mujeres, niñas, niños y adolescentes; la diferencia entre las distintas conductas que constituyen el tracto delictivo de la trata de personas.
Asimismo, se incorpore información relevante que permita a la sociedad en su conjunto identificar a posibles víctimas de trata de personas, así como los mecanismos institucionales de denuncia y protección a víctimas y testigos, con la finalidad de dar aviso a las autoridades competentes.
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