ENTREGAN APOYOS A VÍCTIMAS DE DELITOS

06 diciembre, 2011

Por la REDACCIÓN

En lo que va del año, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha otorgado alrededor de 171 apoyos a víctimas de los delitos, tanto en el rubro de gastos funerarios, como en el de respaldos económicos directos, con una erogación de alrededor de  700 mil pesos.

Tras encabezar un acto de entrega de apoyos a una familia, celebrado este martes, la presidente honorífica del DIF, Mariana González Foullon, destacó que a través del Fondo de Protección a Víctimas de los Delitos y Atención a Indigentes Procesados se otorgan ayudas a personas de escasos recursos que se han visto afectadas por accidentes automovilísticos, asaltos y accidentes en vías ferroviarias, entre otras.

También ofrece atención económica, psicológica, médica y jurídica, en caso de ser necesario, y en la mayoría de las situaciones la atención es gratuita para los afectados.

“Este Gobierno es sensible a las necesidades de la gente, nos preocupamos y ocupamos de ello, por eso buscamos un desarrollo integral para todos, son instrucciones del Gobernador Mariano González Zarur, quien siempre está al pendiente de la gente”, destacó.

González Foullon remarcó que para el otorgamiento de los apoyos se realiza un estudio social, mediante el que se valoran las condiciones socioeconómicas de las familias y posteriormente se determinan los montos a entregar.

La presidente del DIF subrayó que los recursos se han optimizado y el objetivo de este fondo se ha logrado, pues “existen resultados, la gente ha recibido los apoyos y en esa línea vamos a seguir”.

González Foullon reiteró que el DIF trabaja arduamente para que Tlaxcala tenga un desarrollo social incluyente, a partir de un ejercicio del poder público estatal eficaz y eficiente, que coadyuve al desarrollo social equilibrado.

En este Fondo participan coordinadamente las Secretarías de Gobierno (Segob), de Finanzas (Sefin), de la Función Pública (SFP) y de Salud (SESA), además de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)  y los Poderes Legislativo y Judicial, entre otras entidades.