09 julio, 2026
Espero que el Órgano de Fiscalización Superior, el Congreso del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado, bajo una orden poderosa no actúe política y electoralmente, en contra de alcaldes como sucedió en 2024.
Se desconoce si en el antaño esas entidades fincaron responsabilidades a alcaldes, ex alcaldes tlaxcaltecas por el presunto mal manejo de recursos federales, y que los llevaron a prisión. De haberlo hecho resultó una ilegalidad, y un abuso de autoridad.
Hoy está claro que el OFS se extralimitó en fiscalizar recursos federales cuando esa atribución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como ocurrió en Contla de Juan Cuamatzi, un caso que llegó a la Corte.
Basta recordar las detenciones que realizó la fiscalía antes procuraduría en contra de alcaldes como el que fungía en Zacatelco, Hildeberto Pérez. ¿Fueron basadas en lo político o en lo legal?…
El reciente convenio de coordinación y colaboración hecho entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala, deja claro las atribuciones de cada quien.
Es más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha advertido la inconstitucionalidad de la revisión local, respecto el ejercicio de recursos federales.
Puso fin a un abuso porque no creo que haya sido por ignorancia del organismo de fiscalización, pero sí tal vez por la mayoría de ex legisladores y actuales diputados.
Al OFS y al Congreso del Estado, el cual legisla bajo ocurrencias de sus 25 legisladore, les quedó claro que siguen sin tener facultades para revisar, calificar o dictaminar el ejercicio de los recursos federales transferidos a municipios.
En uno de los apartados relevantes del convenio que se firmó en días pasados entre la ASF y el OFS, es establece que el órgano solo se limitará a informar sobre auditorías coordinadas.
Y así la normatividad no otorga al Poder Legislativo local, atribuciones para revisar los resultados, calificarlos, emitir observaciones, fincar responsabilidades respecto de recursos federales que manejen comunas u otro tipo de entidades.
Contla de Juan Cuamatzi, parece que generó un precedente legal y político, en este sentido que hasta ha sido retomado por alcaldías de otras partes del estado y el país, para evitar más abusos de la autoridad.
Aunque buscarán hasta el más mínimo detalle en el uso local del financiamiento público, para armarles su negro expediente y show político-electoral. Posiblemente.
Está claro que el uso del dinero público es local y federal, y ahora el OFS, el Congreso del Estado, y la FGJE tendrán que abocarse a fiscalizar y judicializar, lo que se tenga que judicializar -valga la redundancia- pero no políticamente.
Además, el mensaje que mandó el gobierno de Lorena Cuéllar, de que hay presuntamente alcaldes ligados a posibles actos ilícitos y que van a ir por ellos. ¡Aguas!…
La política del garrote, y de la persecución política sigue y está de moda en este sexenio.
¿Alinearán a todas y todos los alcaldes de Tlaxcala?… ¿Algunos se saldrán fuera del huacal?… Ya veremos.
¡Buena tarde de jueves!…
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