10 julio, 2025
Es correcto cuando la mandataria estatal, Lorena Cuéllar cita que los alcaldes de la entidad, deben poner mayor empeño en evitar que en las fiestas patronales se quemen juegos pirotécnicos sin el permiso oficial.
Sin embargo, la sociedad tlaxcalteca, en especial una gran parte de los feligreses no entendieron de la trágica escena que dejó la explosión de material pirotécnico en Nativitas en 2013.
Hasta hoy en día, los datos oficiales son imprecisos pero se habla de 25 muertos y aproximadamente 300 personas con diversos grados de lesiones.
Los drásticos accidentes por esta causa se siguen dando en Tlaxcala, el último registrado en el municipio de Xiloxoxtla, hace unos días, con el saldo final de una persona muerta.
Pero todo queda en que los feligreses que tienen alguna representación eclesiástica persisten en su necedad, de que haya quema de cohetes en sus celebraciones, aspecto que debería regularse adecuadamente o prohibirse.
El debate sobre este tema es amplio, pero sería importante que las y los alcaldes, la iglesia misma, y demás autoridades reflexionen de que toda fiesta eucarística o no debe ser supervisada por Protección Civil.
Se dice que en Tlaxcala hay más de 400 celebraciones religiosas al año, pero eso no debe impedir que quienes las organicen cumplan con la ley, de lo contrario se cancelará.
Debe haber reformas que endurezcan este tipo de actos que no solo ponen en riesgo a un núcleo, sino a un gran sector de la sociedad todo por una necedad, de sentirse poderosos al escuchar cohetes.
El Congreso de la Unión y de los estados deben analizar este tema, pero seguramente no lo harán porque los devotos representan votos en tiempos electorales.
Insisto debería haber más acciones penales y civiles, en caso de que autoridades -en sus diversos órdenes- incurran en actos de acción u omisión por diversas causas, entre ellas, la negligencia.
¿Hasta cuándo?…
¿Hasta cuándo la Fiscalía General de Justicia del Estado, confirmará la posible muerte del maestro José Manuel N.?…
¿Cuándo dará más detalles de lo que ocurrió con su paradero y las causas que motivaron a dos personas a desaparecerlo?…
Hay demasiadas preguntas en la opinión pública y la información de la fiscalía a cuenta gotas.
Se entiende que todo es un debido proceso, que se requiere del máximo cuidado de las investigaciones, pero dónde queda también el derecho a la información.
El fenómeno de la desinformación de este caso y otros al máximo.
Con la propuesta del Gobierno del Estado que enviará al Congreso Local, a fin de que cuando las agresiones se dirijan a personal docente de escuelas públicas o privadas de todos los niveles y modalidades, se imponga una sanción mayor de hasta dos tercios adicionales sobre la pena establecida hay dudas.
¿O sea habrá profesionistas como periodistas que hagan su labor de alto riesgo, y queden indefensión como hasta hoy en día?…
¿Solo por presión mediática la autoridad reaccionó para hacer este tipo de propuestas?… ¿Ciudadanos de primera y segunda?…
¡Reciban un saludo!…