20 marzo, 2025
La Fiscalía de Oaxaca acusa al grupo de varios robos y centra la investigación en un “ajuste de cuentas”. La falta de pruebas, la participación de la policía de Huatulco y la impunidad con la que opera el crimen organizado en la región subyacen al caso.
Mataron a Angie Pérez, que tenía 29 años y un hijo de cuatro. A Rubén Antonio Ramos, que con 24 años ha dejado a su madre desconsolada. A Guillermo Cortés, cuya familia interpuso la denuncia por desaparición y cuando las autoridades la difundieron ya estaba muerto. A Rolando Evaristo y Uriel Calva, a quienes despiden decenas de amigos. A Lesly Noya, de 21 años, Huesitos para su hermana, deportista y sonriente. Al matrimonio de Yamilet López y Raúl Emmanuel González, de 28 años. Mataron a Jacqueline Meza, incluso después de que su madre alertara de que había sido secuestrada. Mataron a nueve jóvenes, se los llevaron de la costa de Oaxaca y los tiraron a 400 kilómetros. Los mataron a todos y las autoridades, que no lloran sus cuerpos, imparten justicia bajo el eslogan de un “ajuste de cuentas”.
En México, los homicidios son la primera causa de muerte para los jóvenes. Más que los infartos y el cáncer. Solo en los primeros seis meses de 2024, más de 10.000 mexicanos entre 15 y 44 años fueron asesinados. Sobre la tragedia planea una sombra antigua: en algo andaban, algo harían.
El país se ha acostumbrado a enterrar a sus muertos bajo la sospecha. Así pasó hace un par de semanas en Apizaco y sus alrededores, en el centro de Tlaxcala, de donde era el grupo asesinado. Las familias los despedían cuando ya por todas partes corría una etiqueta, una sentencia para cerrar el caso: “Eran ladrones”.
Fuente: Periódico El País
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