20 enero, 2025
La diputada Lorena Ruiz García, presentó a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que preside el diputado Jaciel González Herrera, el oficio LRG/003/2025, con fecha 20 de enero de 2025, en el que manifiesta su voluntad de desistirse del proceso legislativo que corresponde a la iniciativa que presentó el pasado 16 de enero y que fue turnada a la Comisión referida.
Lo anterior, aseguró la legisladora en estricto respeto a la libertad de expresión contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El oficio se refiere a la iniciativa en la que propuso una reforma y adición al Artículo 187 BIS al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la que buscaba tipificar como delito, la difusión indebida de imágenes relacionadas con procesos penales.
Solicitó asimismo por las razones expuestas, que su oficio se considere al momento de la dictaminación, acuerdo o resolución que sobre dicho insumo legislativo recaiga por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con lo anterior, el Congreso del Estado de Tlaxcala, mantiene firme el compromiso de legislar siempre en beneficio de la sociedad tlaxcalteca y garantizando en todo momento la protección de las garantías y respeto a los derechos de toda persona.
Lo que propuso…
En el marco de la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, la diputada Lorena Ruiz García presentó ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 187 BIS al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Esta propuesta busca garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y proteger a las víctimas de la difusión indebida de fotografías, videos o cualquier material relacionado con procesos penales, especialmente a través de redes sociales, pues la diputada Ruíz García aseguró que la exposición pública de este tipo de contenidos no solo vulnera el derecho a la intimidad y privacidad de las víctimas, sino que también dificulta su proceso de recuperación, contribuye a su deshumanización, afecta las investigaciones judiciales y pone en riesgo el debido proceso.
La iniciativa propone sancionar con penas de 2 a 8 años de prisión y una multa de 501,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a cualquier servidor público, periodista, creador de contenido digital o representante de medios de comunicación que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga o comparta de manera indebida imágenes, audios, videos, documentos o cualquier evidencia relacionada con hechos delictivos o procesos penales.
Asimismo, se contempla que las penas se incrementen en un tercio si la difusión tiene como finalidad dañar la dignidad de las víctimas o sus familias, o si se trata de mujeres, niñas o adolescentes, especialmente en circunstancias relacionadas con su muerte, lesiones o estado de salud.
Esta propuesta surge en concordancia con la denominada “Ley Ingrid”, la cual busca frenar la revictimización y proteger los derechos fundamentales de las víctimas, así como fortalecer la confianza en las instituciones de justicia, y fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.