17 enero, 2025
¿En verdad sabrá la diputada local, quien sabe ya de qué partido político, Lorena Ruiz, lo que propuso ante el pleno del Poder Legislativo?… ¿Una ocurrencia más?…
¿O de plano es un fusil, una copia fiel, un refrito de alguna otra iniciativa o norma?… ¿Sabrá lo que es la Ley Ingrid? ¿La Ley Ocaña?…
Y es que en el marco de la primera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 187 BIS al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
La misma supuestamente busca garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y proteger a las víctimas de la difusión indebida de fotografías, videos o cualquier material relacionado con procesos penales.
Esto a través de redes sociales, pues la diputada Ruíz García aseguró que la exposición pública de este tipo de contenidos no solo vulnera el derecho a la intimidad y privacidad de las víctimas.
Sino que también -desde su punto de vista- dificulta su proceso de recuperación, contribuye a su deshumanización, afecta las investigaciones judiciales y pone en riesgo el debido proceso.
Aquí viene lo más cruento y sin saber lo que está planteando en realidad, y contradiciendo la postura de Morena en el terreno federal.
Propone sancionar con “penas de 2 a 8 años de prisión y una multa de 501,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a cualquier servidor público, periodista, creador de contenido digital o representante de medios de comunicación que difunda.
Entregue, revele, publique, transmita, exponga o comparta de manera indebida imágenes, audios, videos, documentos o cualquier evidencia relacionada con hechos delictivos o procesos penales”.
Y no solo ello, sino que plantea que las penas se incrementen en un tercio si la difusión tiene como finalidad dañar la dignidad de las víctimas o sus familias, o si se trata de mujeres, niñas o adolescentes, especialmente en circunstancias relacionadas con su muerte, lesiones o estado de salud.
La otra visión…
Me queda claro que la legisladora se pretende montar en la denominada “Ley Ingrid” o “Ley Ocaña” la cual es un conjunto de reformas legislativas en varias partes del país, que buscan proteger la intimidad y dignidad de las víctimas de violencia, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes.
La misma ley sanciona la difusión de imágenes de víctimas de homicidio, feminicidio y otros delitos. La Ley Ingrid se llama así en honor a Ingrid Escamilla Vargas, quien fue asesinada por su pareja en 2020.
Policías de la Ciudad de México filtraron fotografías de su cadáver a algunos medios de comunicación, y de ahí, nació en 2022 la citada ley que buscan evitar este tipo de publicaciones.
La misma opera en el Estado de México por el asesinato del actor cómico, Octavio Ocaña.
La contradicción…
En septiembre pasado, la legisladora de Morena, Olga Sánchez Cordero abordó a fondo este tema en el seno del Congreso de la Unión.
Precisó que las reformas conocidas como la “Ley Ingrid”, sancionan los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, particularmente a los funcionarios que filtren imágenes de víctimas de violencia”.
Aclaró que el proyecto que modifica el artículo 225 y que adiciona un cuarto párrafo al artículo 225 Bis al Código Penal Federal, que fue aprobado por unanimidad por el Senado, no representan ninguna mordaza ni están dirigidas a periodistas, youtubers, ni a la población en general sólo a servidores públicos.
No obstante, Lorena Ruiz manipulada por alguien -dicen en los corrillos del Congreso Loca- busca que la misma no pase por comisiones unidas, y que sea la Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia, la que la apruebe y pase al pleno.
De ser así violentarían el proceso legislativo que marca la norma. El mismo comunicado de prensa del Poder Legislativo lo precisa.
Un claro atentado
El pleno del Congreso del Estado debe analizar con mucho cuidado que no se trastoque dos derechos fundamental de los periodistas como es la Libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la información.
De avalar las ocurrencias de la legisladora saltimbanqui generará un agravio contra el gremio periodístico, no me opongo a que haya sanción a los funcionarios públicos que les gusta nutrir el morbo a través de filtraciones, pero si estaré en contra de que un comunicador vaya a la cárcel por solamente informar verazmente.
Las reacciones en el gremio de los periodistas y reporteros ya comenzó, y me uno a sus expresiones y pronunciamientos siempre y cuando tengan un fundamento real, legal y universal.
Otra pregunta: ¿Acaso será una ocurrencia de alguien del Gobierno del Estado?… Un asunto polémico, y que cada periodista debe recurrir a su propia ética periodística.
¡Un buen fin de semana para ustedes!…
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