11 octubre, 2023
En diversas ocasiones, en la Cámara de Diputados Federal se han presentado exhortos a fin de que el Congreso del Estado de Tlaxcala, emprenda medidas legislativas necesarias para la creación de una Fiscalía General de Justicia del Estado, y nada.
Es más, legisladores federales han enviado los mismos exhortos al Poder Ejecutivo, para que canalicen sus propuestas en uso de sus atribuciones y facultades al Legislativo de esta entidad, para este mismo fin, y tampoco.
Sin duda, las y los legisladores han incurrido en desacato. En Tlaxcala, ya es uno de los grandes pendientes en materia de seguridad pública el contar con una Fiscalía General que sustituya a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Para ello, el Poder Legislativo tendría que elaborar un nuevo marco jurídico, y dotar de autonomía a esa fiscalía, con una estructura más profesional, una mejor vocación de servicio al igual que mejores salarios, y alejada de la precariedad institucional.
Para pronto, la Procuraduría General de Justicia, es la institución encargada de llevar a cabo la investigación y la persecución de los delitos, pero debe transformarse en una fiscalía autónoma, con el objeto de alcanzar un desempeño eficaz en el ámbito del sistema penal acusatorio.
La reforma hecha desde 2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia procesal penal, implicó el cambio del sistema penal inquisitorio hacia uno de corte acusatorio.
Ello, basado en los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la producción de la prueba, y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso penal.
Este cambio de paradigma otorgó un plazo de ocho años; es decir, hasta 2016, para la implementación del nuevo sistema penal en todo el país, según lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2008.
Mientras que en Tlaxcala los poderes Ejecutivo y Legislativo no han movido un solo dedo, para avanzar en dicho tema. El Judicial solo se mantiene como un simple espectador, callado y abnegado.
Basta recordar que el diez de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución, a fin de crear una Fiscalía General Autónoma, para reemplazar a la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta reforma fue la primera de varias modificaciones necesarias para la existencia de una verdadera Fiscalía General, que pueda empezar a investigar delitos con verdadera autonomía.
Leer para creer…
Sabiendo que si desparece la procuraduría para darle paso a la creación de una fiscalía, se tendría que elegir a un nuevo titular, Ernestina Carro Roldán, se justificó, y quedó claro que quiere preservar su chamba.
Ayer la abogada de las y los tlaxcaltecas declaró a periodistas que la institución a su cargo trabaja -según- de manera adecuada y por ello, sostuvo que «no es necesaria la reconversión a una Fiscalía».
¿Entonces ese mandamiento generado en el Congreso de la Unión, pretende ignorarlo?…
En efecto, la creación de la misma fiscalía, es un asunto competente del Congreso del Estado, pero agregó que «estamos trabajando bien… estamos dando resultados». Yo diría, resultados a medias.
También tiene razón en que el cambio a Fiscalía genera autonomía y también aspectos de eficacia y eficiencia en la investigación de delitos. Además, de aspectos como la transparencia y no impunidad.
¿Y por qué la procuradora se niega a esta posibilidad?…
Se sabe que dicha transición eliminaría el esquema donde el ministerio público dejaría de ser oficina del Poder Ejecutivo, como encargada de investigar y perseguir delitos federales.
A diferencia de la extinta Procuraduría General de la República, la Fiscalía, es un ente autónomo y estará separada de dicho poder del Poder Ejecutivo.
Ello, para darle al fiscal la autonomía y libertad de investigar, sin influencias o presiones del Ejecutivo, los casos que sea necesarios, para reducir la criminalidad, la violencia y la corrupción en el país».
También implica investigar a altos funcionarios o políticos, al círculo cercano del presidente, a su partido político y al presidente mismo y seis estableció el plazo de nueve años como duración del cargo de fiscal general.
Con la reforma, el fiscal general permanecerá en su cargo más allá de los cambios en la presidencia de la República.
Este nuevo aspecto de la reforma es un mecanismo, para evitar o dificultar los intentos de control por parte del presidente en investigaciones donde éste tenga un interés.
Sin embargo, parece que en Tlaxcala, no se quiere dar dicho paso, principalmente, porque el Ejecutivo quiere seguir mandando en la procuraduría, finalmente, es un ente de control político y social. Sea el partido que sea en el poder mismo.
Y las y los legisladores están supeditados a la decisión que venga del despacho más importante de la estructura gubernamental, y que se asienta en la sede del Poder Ejecutivo.
¡Nos leemos mañana!…
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