08 septiembre, 2023
En esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), prácticamente dio un jalón de orejas al Congreso del Estado, y a varios municipios de Tlaxcala.
Esto por incurrir en vicios de inconstitucionalidad, lo que viene a rarificar que las y los diputados locales, legislan con ocurrencias, sin realmente analizar lo que los 60 alcaldes mandan para su análisis y aprobación.
Los ministros expresaron que como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos de diversos municipios del Estado de Tlaxcala.
Esto dentro del ejercicio 2023, donde se preveían cobros por concepto de los siguientes servicios:
1) Alumbrado público, los cuales se determinaban en función del beneficio en metros luz de acuerdo con el frente cada predio, lo que vulneraba los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, al tomarse en cuenta elementos ajenos al costo que representa para el municipio la prestación del servicio.
2) Suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, en los cuales se delegaba a una autoridad administrativa la facultad de determinar el monto de la tarifa aplicable a dichos servicios, lo que vulneraba el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de reserva de ley y legalidad tributaria.
3) Reproducción de información en constancias o certificaciones, relacionados con el derecho de acceso a la información, en los que el legislador local no justificó de manera objetiva y razonable el costo de los materiales para la reproducción de la información, lo que violentaba el principio de gratuidad que rige el mencionado derecho.
4) Búsqueda, expedición de documentos en copias simples y certificadas, así como por su digitalización, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.
Ello al considerar que esa búsqueda implica una actividad estatal que debe ser gratuita, mientras que por lo que se refiere al resto de los conceptos, los cobros resultaban desproporcionados, al no guardar una relación razonable con el costo de los materiales necesarios para la prestación de los servicios.
Además, por extensión, el pleno invalidó los Anexos y diversos artículos de dichos ordenamientos, relacionados con los cobros por el servicio de alumbrado público municipal, al estar afectados por el mismo vicio de inconstitucionalidad.
Ante ello, el pleno del máximo tribunal del
país exhortó al Congreso de Tlaxcala, para que en el futuro se abstenga de emitir normas que presenten el mismo vicio de inconstitucionalidad.
Cabe señalar que la acción de inconstitucionalidad 32/2023, fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual demandó la invalidez de diversas disposiciones de Leyes de Ingresos.
Insisto, en los ayuntamientos de Tlaxcala, hay gente «mañosa» con el aval de los alcaldes con cobros injustos, demasiado elevados en contra de la ciudadanía.
Y cuando llegan al Poder Legislativo, las y los diputados carecen de conocimiento real sobre este tema, y solo levantan el dedo por levantar, y es ahí cuando llegan los recursos legales por extralimitarse en sus funciones.
Está claro, que las y los ministros les dieron prácticamente, un jalón de orejas a las y los congresistas, bajo la advertencia de que no vuelvan a incurrir en acciones de inconstitucionalidad.
Sobre advertencia no hay engaño, y ya veremos qué ocurrencias avalarán en el Congreso del Estado, para el paquete económico de 2024.
Ever Alejandro Campech Avelar, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo ayer que no permitirán excesos en el cobro de impuestos y contribuciones para 2024.
El gracioso legislador hace dichas declaraciones, después de ese mismo jalón de orejas, pero eso sí avaló las leyes de ingresos municipales de 2023. Es un incongruente.
¡Nos leemos mañana!…
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