10 agosto, 2023
La marcha de ayer dejó de ser ciudadana y laborista desde el momento en que los partidos políticos como el PAN, PRI y PRD, participaron, y ensuciaron el esencia de la misma, con vísperas a 2024.
Las peticiones de algunas y algunos sindicatos, y personajes políticos-partidistas rayaron en el protagonismo, en una pasarela innecesaria, pues quieren estar en las boletas en las elecciones venideras.
También es cierto que marcharon víctimas de diversos delitos, víctimas que claman justicia, y es un punto que el Gobierno de Tlaxcala, no debe minimizar, por el contrario debe atender con prontitud.
Circula de boca en boca que este domingo desde Palacio de Gobierno, se está convocado a una marcha como una reacción a la manifestación de ayer. Así como lo ha hecho la Presidencia de la República.
Sin embargo, llama la atención que la petición del Frente de Sindicatos al presidente Andrés Manuel López Obrador, raya en varios puntos en la exageración.
En un documento entregado en Palacio Nacional, los quejosos argumentan desde violaciones contra el derecho a la salud de los trabajadores hasta ser víctimas de la reprensión gubernamental.
Según, los quejosos dicen que existen supuestos actos de ilegalidad y violencia institucional, privatización de los servicios médicos y aceptan que han confirmado la creación del Frente Unido de Trabajadores.
En este punto, debieron haber sido honestos y aceptar que en sus movilizaciones han afectado el derecho de terceros, afectado la economía de empresas, de trabajadores, y crear un marcado malestar ciudadano.
Se quejaron de que hay una reprensión gubernamental al utilizar granaderos y policías antimotines, para desalojar y reprimir a los manifestantes. ¿Hay denuncias penales presentadas por alguna posible víctima?…
Empero, me llama la atención acusan de una reprensión oficialista, empero las y los inconformes gozan de toda la impunidad para no dejar circular a ambulancias, unidades de carga, del servicio público de transporte, amas de casa, profesionistas y demás.
Piden dramáticamente la intervención del presidente López Obrador, para resolver la problemática que enfrentan los trabajadores y para que se tomen medidas adecuadas en relación a la situación laboral y de salud en el estado de Tlaxcala.
Lo cierto, es que dicho movimiento pretende generar inestabilidad social en el estado, y cuyas razones se derivan hasta de pugnas internas dentro del Sindicato «7 de Mayo».
También la falta de toma de nota la han trasladado al terreno de lo social, y ejercer presión para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), les otorgue la misma.
Ahora bien, el Gobierno de Tlaxcala argumenta que ha cumplido con lo establecido en un contrato colectivo de trabajo, les ha otorgado aumento salarial, sino que ha mejorado las prestaciones de ley.
Además, la actual administración ha justificado la mejora en los servicios médicos, y en la misma respuesta que da al Jefe del Ejecutivo Federal, aclara que no hay privatización de los mismos.
«Sino el cumplimiento del artículo 24 del Convenio 2021, que establece la obligación del Gobierno de otorgar seguridad social a través de convenios con instituciones oficiales o privadas», dice la respuesta enviada al Gobierno de México.
Además, cita que el artículo 24 del Convenio 2021, establece la implementación coordinada de un sistema de seguridad social para los trabajadores, que incluye servicios médicos relacionados con riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad y medicina preventiva.
Del mismo modo, el Gobierno de Tlaxcala, le informa al presidente que mientras se implanta el sistema de seguridad social mencionado, el Gobierno proporcionará los servicios a través de convenios.
En ello, se especifica los porcentajes de cobertura, para servicios médicos contratados directamente por los trabajadores.
Argumenta que la actual administración ha priorizado el diálogo con los trabajadores, buscando mantener informadas a las organizaciones sindicales y utilizar el diálogo como mecanismo, para resolver conflictos.
Y subraya que a pesar de las manifestaciones y cierres de carreteras ha seguido privilegiando el diálogo como principal solución del conflicto.
Con respecto a las movilizaciones que el mismo Gobierno, responde que solamente ha aplicado el Protocolo de Actuación Policial para la Seguridad y Atención de Manifestaciones en Pro de los Derechos de las Personas para el Estado de Tlaxcala.
Sustenta que se ha garantizado los derechos humanos, libertad de tránsito y seguridad de manifestantes y asegura que la actuación de las instituciones de Seguridad Pública, se realiza con apego a los derechos humanos y perspectiva de género, garantizando la libertad de manifestación y expresión.
Lo polémico…
Una marcha como la de ayer deja claro el sentir de ciudadanos que en realidad buscan ser escuchados y atendidos, un gobierno no debe ser de oídos sordos, principalmente, en materia de salud, seguridad pública, justicia y educación.
La marcha de ayer multitudinaria para unos, y para otros no, queda escrita en la historia de Tlaxcala, donde casa actor deberá asumir su propio actuar.
En la misma participaron aquellas personas que se oponen al auto tren, las que buscan el recate de la Laguna de Acuitlapilco, seguimiento a la búsqueda de desaparecidos, y ciudadanos que buscan sentencias justas contra asesinos.
¿Han sido escuchadas y atendidas sus peticiones?…
Cuando una causa es infestada por actores partidistas como Anabell Ávalos, Minerva Hernández, Juan Manuel Cambrón, a Eréndira Jiménez, Blanca Águila, Miriam Martínez y demás camarillas -unos y unas resentidas contra el gobierno- pierde la esencia de un genuino movimiento.
¿Quién de ellos busca estar en las boletas o gozar de una «pluri» en las elecciones próximas?
Por cierto, Manuel Campos, llegó a un acuerdo -hace días- con las autoridades, y ahora parece estar ¡feliz!… ¡feliz!…
¡Nos leemos mañana!…
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