19 enero, 2023
Según, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, en breve será emitido el nuevo “protocolo de actuación para prevenir y atender casos de linchamiento en el estado de Tlaxcala”, y ojalá los 60 alcaldes entiendan su importancia.
Y es que no es grato informar sobre casos de intentos de linchamientos y linchamientos en la entidad; esos momentos en que un sector de la ciudadanía olvida que existe un Estado de Derecho, y lo ciega la violencia.
Desde hace mucho tiempo se han dado casos de intentos de linchamientos y linchamientos en varios puntos del territorio tlaxcalteca, en contra -sobre todo- de posibles ladrones, y cuyos protocolos se han aplicado tardíamente.
El salvajismo de aquellos que han atentado contra la vida de una persona, aún cuando sea delincuente es irracional, no miden los agresores los alcances de su propio actuar.
En varios casos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ha aprehendido a personas que fueron las autoras intelectuales o materiales de un linchamiento; es decir, de un homicidio.
Es ahí, cuando borran de su mente que el pueblo manda, y que el pueblo hace justicia por su propia mano.
Lo ocurrido en el municipio de Españita, fue un acto de barbarie que se pudo haber evitado, si la policía local hubiera alertado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a fin de que la fuerza pública rescatara a tres posibles sospechosos, y donde uno de ello perdiera la vida.
No es así, la sociedad debe entender que ante el retención de una persona, ésta debe ser entregada a las autoridades, inmediatamente, a fin de que sea puesta a disposición de las instancias correspondientes, y que la parte afectada presente denuncia penal ante un Ministerio Público.
Por ello, el nuevo protocolo que se activará y discutirá en la primera reunión por la Paz y la Seguridad 2023, debe ser efectivo a fin de evitar la violencia por parte de ciudadanos, porque no podemos vivir en un clima de hostilidad. Todos debemos respetar nuestro marco jurídico.
Insisto es importante que los munícipes, los directores de las policías locales, y los mismos efectivos de seguridad entiendan que la coordinación institucional debe salvar vidas, y brindar estabilidad social.
Veremos más adelante la eficacia de este protocolo o solamente se queda en la tinta y papel. También debe haber castigo para aquellos servidores públicos que incurran en actos de acción y omisión.
Suena interesante…
Otro punto que planteó Sergio González, es que el Gobierno del Estado, propondrá al Poder Legislativo la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Es buena la intención, pero será mayor su eficacia a fin de que los bienes decomisados por un delito, incluido dinero de procedencia ilícita, sean para beneficio de la sociedad y el Gobierno.
Ello, a través de una donación o venta para uso de carácter social, o de una rifa, como se ha hecho a nivel federal. Tiempo al tiempo.
¡Nos leemos mañana!…
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