26 enero, 2023
Juan Manuel Cambrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó en esta semana la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual propone la creación de la Fiscalía General del Estado,
Ello, para que la misma fiscalía sea un órgano constitucional autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, pero me surge la duda, ¿no era más fácil pedir que desempolvaran aquella existente y que tiene más de cuatro años?…
Está claro que el protagonismo innecesario de diputadas y diputados es descarado, y que traten de ofender la inteligencia de la ciudadanía tlaxcalteca.
Recabé información para hablar con sustento del tema, y todo indica que la reforma de 2008, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia procesal penal, implicó el cambio del sistema penal inquisitorio hacia uno de corte acusatorio,.
Ello, basado en los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las partes, oralidad, control de la producción de la prueba y también un mayor control de las instituciones y operadores que intervienen en el proceso penal.
Este cambio de paradigma otorgó un plazo de ocho años, es decir, hasta 2016, para la implementación del nuevo sistema penal en todo el país, según lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2008.
El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el que se reformaron (en el Congreso de la Unión), diversas disposiciones a nuestra Carta Magna, para reemplazar a la Procuraduría General de la República (PGR).
Dicha reforma fue la primera de varias modificaciones necesarias para la existencia de una verdadera Fiscalía General, que investigara los delitos con verdadera autonomía.
La creación de la FGR, como un órgano público autónomo, que eliminó el esquema donde el ministerio público era una oficina del Poder Ejecutivo Federal, como encargada de investigar y perseguir delitos federales.
El mismo decreto establece que la réplica de esta fiscalía debería darse en todas las entidades federativas del país.
Los primeros estados en dar este paso fueron: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Puebla, entre otros.
Es una lástima que en dos administraciones anteriores, la de Mariano González Zarur, y la de Marco Antonio Mena, hayan minimizado cumplir con esta disposición constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión. ¿Por compromisos políticos?… ¿Incurrieron en desacato?
En la Cámara de Diputados Federal han existido exhortos hacia el Congreso de Tlaxcala, a fin de que se dé este paso; sin embargo, han pasado varias legislaturas locales y sus integrantes han pasado por alto dicho mandamiento.
Tlaxcala, tiene este pendiente; es decir, la creación de su propia fiscalía y que sustituya a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los estudios hechos a nivel federal y estatal indican que una fiscalía ayuda mucho a contar con un mejor marco jurídico, a tener una estructura organizacional suficiente, dotada de más recursos económicos, pero lo principal autonomía.
Sobre este tema ha faltado voluntad para poder cumplir con lo anterior, y la ciudadanía confía en que los poderes Ejecutivo y Legislativo, no posterguen más dicho tema.
Obviamente, se tendría que nombrar a una mujer y hombre como fiscal, que en verdad cumpla con su labor, y que todos los delitos se persigan.
Veo que la iniciativa del legislador perredista, es más protagonismo, show político-electoral que una propuesta seria y sensata. Además, ¿la bancada de Morena realmente la apoyaría?… Tiempo al tiempo.
¡Nos leemos mañana!…
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