03 septiembre, 2021
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el Diputado Federal, Mariano González Aguirre exhortó al pleno de la Cámara Baja a que el juicio político cuente con certeza jurídica durante el procedimiento, al dotar al mismo de transparencia y legalidad.
Desde la máxima tribuna del país, el tlaxcalteca llamó a sus homólogos de las diversas bancadas a legislar con responsabilidad, toda vez que las exigencias sociales en el país lo exigen.
Dijo que el juicio político es un procedimiento legal constitucional, reservado a la jurisdicción y competencia del Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados se establece como órgano de instrucción del procedimiento y en su caso de acusación, mientras que el Senado de la República participa como Jurado de Sentencia.
En lo que fue su primer participación en tribuna comentó que se trata pues de un juicio constitucional cuya tramitación forma parte de los actos formalmente legislativos de naturaleza jurisdiccional del Congreso.
Siendo un procedimiento tan importante y complejo, argumentó que resulta fundamental darle certeza sustancial al juicio político, plasmado en la fracción IV del artículo 11 del dictamen.
“De acuerdo con el texto aprobado, la resolución que dicte la Comisión Jurisdiccional desechando una denuncia será entregada inmediatamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, detalló.
Agregó, para que la misma mesa la someta a la consideración del Pleno, en su siguiente sesión a efecto de que resuelva en definitiva si se desecha la denuncia o se continúa con el procedimiento.
Por ello, comentó que la reserva que presentó busca modificar la fracción IV para quedar de la siguiente forma: “La resolución que dicte la Comisión Jurisdiccional desechando una denuncia será entregada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para efecto de que sea comunicada al Pleno y se archive como asunto concluido”.
González Aguirre, explicó que el dictamen faculta al Pleno de la Cámara de Diputados para conocer de las denuncias desechadas por la Comisión Jurisdiccional, así como para que determine si acepta el desechamiento o si devuelve el expediente de referencia a la Comisión, lo que en los hechos constituye una etapa revisora.
En este sentido, acentuó habilita al Pleno de la Cámara para que se pronuncie sobre un asunto resuelto por la Comisión Jurisdiccional, ya que se espera que ésta analizó una serie de pruebas presentadas en la denuncia.
Es decir, precisó al llevarlo al Pleno se convierte en un tema de votos y no precisamente de un proceso jurisdiccional que requiere certeza jurídica para las partes.
Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI “proponemos que, ante un desechamiento de la Comisión Jurisdiccional, el Pleno únicamente pueda conocer, pero no pueda cambiar la determinación tomada por la Comisión Jurisdiccional, ya que esta deriva de actuaciones procedimentales razonadas”, concluyó.
Redacción