27 julio, 2020
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México existe una población económicamente activa, de 15 y más años de 57.6 millones de personas. De este porcentaje, 31.3 millones de personas de 15 y más años ocupadas, se encuentran en el empleo informal, lo que representa 56.2% de la población de acuerdo con los resultados de la ENOE en su último reporte.
En tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, nos indica que al 31de marzo de 2020, tienen un registro de veinte millones cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y tres puestos de trabajo; de éstos, el 85% son permanentes y un 14.1% son eventuales. Estas aproximaciones no reflejan los daños colaterales que Covid 19 está dejando a la economía en materia de desempleo y cierre de empresas.
Lo anterior, viene a colación debido a que en la semana que concluyó, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin tanto aspaviento al que nos tiene acostumbrados, dio a conocer una reforma de gran calado y de justicia social para una gran mayoría de la población que por sexenios vio cómo se dilapidaban sus derechos humanos laborales.
Ante la presencia del sector empresarial y del sector obrero, el titular del ejecutivo en turno, testificaba y daba a conocer la reforma al Sistema Nacional de Pensiones en México.
En México, la mayoría de mujeres y hombres se desempeñan en el sector informal de la economía, como se refleja en las cifras anteriores. Aunque la Constitución Mexicana señala que todos tenemos derecho al trabajo digno y socialmente útil, la realidad contrasta con el discurso oficial.
Una inmensa mayoría de mujeres y hombres, de las últimas generaciones somos producto de la inseguridad en México. Sin acceso a seguridad social (afiliación al IMSS u otra forma de prestación médica), vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, reparto de utilidades, vivienda, fondo de ahorro, antigüedad en el empleo y así un largo catálogo de derechos que fueron lacerados por la implementación de la subcontratación laboral o sencillamente porque en el sector informal no se tiene derecho a este tipo de prestaciones.
Por ello, la reforma al sistema de pensiones en México anunciada, si bien no remedia los grandes males que padece el sector productivo, viene a beneficiar a cerca del 24% de trabajadores de la población económica activa y que cotizan bajo el régimen implementado en la reforma de seguridad social de 1997. Es decir, cerca de 20 millones de trabajadores que tienen una Afore gozarán de este nuevo modelo de prestación social (sólo uno de cada cuatro trabajadores mexicanos).
Entre las novedades que se pueden observar, consisten en el incremento de las aportaciones del 6.5% del salario destinado al retiro, se pasa a un 15%, donde la clase empresarial aportaba un 5.15% aumenta a 13.875%. Dejando al trabajador con su mismo nivel de aportación de 1.125%, al igual que la del gobierno en 0.225% pero beneficiando solo a los trabajadores de menores ingresos.
Se reducen las semanas de cotización de 1250 a 750. Lo que implica que de cerca de 25 años se reduce a 15 años de vida laboral; haciendo las aportaciones respectivas. Y una vez cumplidos los 60 años si es la voluntad del trabajador puede optar por su retiro por cesantía en edad avanzada, o en su caso a los 65 años por vejez.
La comisión de la Afore se reduce a menos del uno por ciento. Con esta iniciativa se pretende que el trabajador eleve su pensión en un 40% de lo que actualmente puede percibir.
Lo malo. Mientras esto sucede en materia de justicia social, el caso Lozoya Austin tiene en ascuas a la clase política mexicana. Sin saber su situación jurídica con la que se ostenta desde hace una semana en México; las especulaciones jurídicas han comenzado a circular en torno a señalamientos de cantidade$ y nombres de sobornos a personajes del PAN y del PRI, las filtraciones por si solas y de ser ciertas, ponen en riesgo el proceso penal al que será sometido, así como a los señalados.
La presunción de inocencia y el debido proceso, pueden ser causales de que un caso de corrupción emblemático para la 4T, se vaya al cesto de la basura por la absurda rumorología con la que se está conduciendo el mismo. Ya veremos.
© 2024 ÍNDICEMEDIA
