11 noviembre, 2019
A un año y cinco meses de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 02/2018 a la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por los abusos cometidos contra expolicías estatales acreditables acusados de secuestro exprés, esas autoridades señaladas como responsables siguen sin cumplir al 100 por ciento con el contenido del documento.
Además, la propia CEDH desde el pasado 18 de octubre no ha acordado la contestación a los oficios en que uno de los afectados, José Jorge López Pérez, solicitó que se de vista e intervención a la 63 Legislatura Local y a la Contraloría del Ejecutivo, de que se finquen responsabilidades a la SEGOB y a la PGJE, como parte del expediente de seguimiento de la Recomendación cumplimentada de manera parcial.
Al respecto, López Pérez recordó que la Recomendación 02/2018 fue emitida por la CEDH el 2 de mayo de 2018 y esta fue aceptada el día 24 de mayo del mismo año por las autoridades responsables, pero a la fecha no han dado total cumplimiento a aspectos como el pago de gastos médicos que generó la lesión sufrida por los actos de tortura a que fue sometido, cuyo monto ya tiene en conocimiento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala.
Aunado a ello, todavía sigue en etapa de investigación inicial para ejercer acción penal o no a los policías de investigación que en enero de 2015 participaron en la detención de ocho policías estatales acreditables, así como autoridades de mando en ese momento como la Exprocuradora, Alicia Fragoso Sánchez y el Exprocurador, Víctor Pérez Dorantes, entre otras.
Sobre la dilación del proceso de cumplimiento total de la Recomendación, López Pérez consideró – y asentó en oficios – que otorgarles más ampliaciones de periodo y aceptar las condiciones de las autoridades responsables, sería una revictimización con la consecuente vulneración de sus derechos humanos.
“No se me respeta el derecho a una justicia pronta y expedita y a una reparación integral por el daño causado, derechos consagrados en nuestro máximo ordenamiento legal, así como en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte”, apuntó.
Por lo tanto, la solicitud del exmando policiaco al Presidente de la CEDH, Víctor Cid del Prado Pineda, es que emita acuerdo final que determine que el cumplimiento fue insatisfactorio y le dé la difusión correspondiente, una vez hecho lo anterior se decline su competencia para que sea la 63 Legislatura Local, quien resuelva el cumplimiento total de la Recomendación.
Alfredo GONZÁLEZ/ Redacción
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