11 noviembre, 2019
Con la aportación de información contundente a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la autoridad jurisdiccional dictó a través de un procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de 13 años y cuatro meses de prisión en contra de Víctor N., por el delito de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Apizaco en 2018.
Los hechos que permitieron el fallo de condena ocurrieron el 24 de agosto de 2018, toda vez que el ahora sentenciado sostuvo una riña con Nicolás N., a quien presuntamente ultimó al dispararle con un arma de fuego.
De acuerdo a los datos que obran dentro de la Carpeta de Investigación, el imputado llevó el cuerpo al municipio de San Francisco Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla, donde lo inhumó para evadir su responsabilidad.
No obstante, la Policía de Investigación tuvo conocimiento de estos hechos tras realizar labores de inteligencia y de campo, por lo que asociados de peritos tlaxcaltecas y acompañados de especialistas de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se trasladaron a dicha demarcación donde localizaron el cuerpo.
Con esta información, el Representante Social consiguió que el Juez de Control librara la orden de búsqueda y aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra del imputado, ejecutándose cinco días después de haberse consumado el ilícito.
Así, como parte del seguimiento a las indagatorias, el Agente del Ministerio Público continuó aportando información dentro de la indagatoria, misma que comprobó la culpabilidad del imputado.
Ante la información contundente, la defensa del imputado solicitó el desahogo de un procedimiento abreviado, el cual consiste en que acepta la acusación hecha por el Representante Social de acuerdo a los medios de convicción, garantiza la reparación del daño y obtiene una sentencia proporcional, siempre con pleno conocimiento y aceptación de la parte afectada.
De esta manera, la autoridad jurisdiccional aceptó la solicitud y sentenció a Víctor N., a 13 años y cuatro meses de prisión, así como el pago de una multa de 960 días de salario mínimo y la reparación del daño.
Así, a través del puntual seguimiento a cada una de las denuncias la Procuraduría General de Justicia del Estado, ratifica su compromiso de agotar todos los medios jurídicos, legales y de investigación, con el propósito de garantizar la paz social a la sociedad tlaxcalteca.
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