08 julio, 2019
Según, una publicación de La Jornada de Oriente -de este lunes- da cuenta que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinó auditar 249 millones de pesos que ejercieron los integrantes de la LXII y LXIII Legislatura local durante el año 2018.
De resultar cierto la decisión de la ASF, Mariano González Aguirre, quien fue presidente del Comité de Administración del Poder Legislativo, así como Rafael Ortega Blancas, actual titular de dicha área están llamados a transparentar el uso y destino de esos recursos.
Como se recordará la pasada Legislatura Local, aprobó los primeros ocho meses de su respectiva cuenta pública, y quedó también en boga cómo se manejó el dinero de la remodelación de la «Casa del Pueblo», por más de 55 millones de pesos.
Y que por cierto, la LXIII Legislatura Local calló ante la presunción de supuestos excesos cometidos en el ejercicio del dinero público; es decir, el actual presidente del Comité de Administración prefirió callar que denunciar sobre los bienes que supuestamente desaparecieron. ¿Acaso hay denuncia ante un ministerio público?
La decisión del auditor superior, David Rogelio Colmenares Páramo parece que va en serio, por lo que la misma publicación de este diario señala que indica que revisará el uso, destino y comprobación del gasto.
La publicación del periodista Juan Luis Cruz, detalla que aunque la cifra podría ser mayor si la ASF incluye los 25 millones de pesos que el ex gobernador Mariano González Zarur, dejó etiquetados para que su hijo administrara para la presunta remodelación y modernización del Palacio Legislativo.
«Sin embargo, los actuales diputados también tendrán que responder por sus actos y posibles omisiones; el dinero que ejerció el año pasado Rafael Ortega Blancas y su administrador Nils Gunnar Jaime Robles, también estará bajo la lupa en la era del no mentir, ni robar y no traicionar, pero sobre todo, en la época de la austeridad republicana.
Parece que la revisión de las cuentas va en serio y ojalá así sea, porque desde siempre a los impolutos diputados –de la Legislatura que sea– jamás los han auditado, pues ellos son los que se fiscalizan y así han hecho de su función una vereda para mejorar sus condiciones financieras personales y familiares», concluye la publicación.
Así que tanto González Aguirre como Ortega Blancas, que vayan echando sus barbas a remojar porque con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), no se juega.
Y vaya que Rafael Ortega ha cometido excesos como complacer a algunos de sus correligionarios hasta con la compra de salmón para saciar su hambruna, así como -dicen los chalanes del Congreso Local- en la compra de drinks que para refrescar gargantas sedientas. ¿Será?…
Si están libres de culpa González Aguirre y Ortega Blancas que ambos arrojen la primera piedra.
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