03 junio, 2019
Lo que ocurre en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), es producto de una descomposición institucional que pone en riesgo la operatividad de este poder frente a ambiciones netamente personales.
Todo se remonta a una lucha férrea en su interior entre dos grupos de magistrados estatales, que prefieren saciar sus intereses antes que privilegiar el buen desarrollo de la impartición de justicia.
Desde hace décadas el tribunal ha sufrido el embate de intereses ilegítimos al grado de ponerlo su propia operatividad en crisis como la que ocurrió en el año 2001, cuando Alfonso Sánchez Anaya pretendió imponer a Hugo Morales Alanís en la presidencia.
Desde ese año a la fecha, según el Poder Judicial del Estado, se «democratizó»; sin embargo, los enconos, la doble moral y la ambición de varios magistrados y ex magistrados ha podido más que rescatar al tribunal de una credibilidad casi nula.
Con Héctor Maldonado Bonilla, que llegamos a pensar que era un personaje hábil y demasiado institucional para encabezar la presidencia del TSJE; empero, no fue así.
Los continuos yerros cometidos por el abogado «fifi» han sido continuos. Otorgase un alto salario más que el del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le repercutió severamente no solo a nivel estatal, sino nacional.
Tarde o temprano, la verdad y los chismes salen a relucir como el hecho de haberle otorgado más de 20 espacios a los diputados locales, a cambio de que aprobaran un exhorbitante presupuesto para 2019.
Además, de que no tuvo empacho de otorgar más espacios a amigos y sobre todo amigas de magistrados, así como espacios a gente allegada al hijo del anterior gobernador Mariano González Zarur, hoy finalmente despedidos.
La especie de «golpe de Estado» propinada por el grupo rival se planeó desde meses anteriores, bajo la justificante de que es importante «limpiar el honor» del alicaído TSJE.
Sin embargo, está demostrado que existen intereses de magistrados por asumir el control del Poder Judicial del Estado (PJE), al costo que sea sin importar la crisis inyector que se avecina.
A Maldonado Bonilla, le quedó grande el cargo, mientras que Mario de Jesús Jiménez Martínez, nombrado el presidente «ilegítimo» asume el cargo en el peor momento de su vida profesional.
El originario de Puebla, prepara ya una defensa legal que seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le dará próxima entrada. Es una lástima que Maldonado haya tolerado excesos al convertir en una sucursal de empleos para sus amigos y los amigos de sus propios padres.
Por ejemplo, la organización Unidos Contra la Trata A.C., pidió al Poder Judicial del Estado investigar la actuación del Magistrado Unitario de la Sala Penal y Especializada de Administración de Justicia para Adolescentes.
Lo anterior, por presuntamente favorecer con sus resoluciones a victimarios de mujeres y menores de edad por delitos sexuales o de trata de personas.
Y es que la presidenta de este organismo, Rosy Orozco acusó en su última visita a la entidad, en el pasado mes de abril que tenía el conocimiento de que el magistrado ha “tirado” por lo menos 50 cincuenta sentencias condenatorias.
Lo anterior, supuestamente en contra de personas que han cometido feminicidio, violaciones, agresiones, entre otros.
Quien se ostenta como presidente tiene más señalamientos en su contra, y dentro del TSJE, avisaran que este magistrado no está apto para desempeñar tal cargo.
Es vergonzoso que los amos y señores del imperio de la ley tengan sometido a un yugo institucional al TSJE, y sobre todo en una agencia de colocación de empleos.
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