12 junio, 2019
Una publicación del periódico La Jornada de Oriente-Tlaxcala, con fecha diez de junio desnuda millonarios excesos y la impunidad, que la misma 4-T, pretende tolerar y cobijar -desde las oficinas- de los diputados locales y autoridades del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El periodista Juan Luis Cruz, pone al descubierto «un verdadero bacanal de excesos y omisiones en los cuales han incurrido la gran mayoría de las autoridades municipales que usaron para su beneficio y disfrute el gasto público».
Así de sencillo, la suma de daño patrimonial que generaron a sus arcas, es de cerca de 280 millones de pesos en 2018, según datos del OFS.
La investigación que causó escozor en la piel de aquellos que han convertido la máxima tribuna del estado, precisamente en la «tribuna de las ocurrencias» revela los abusos de unos alcaldes.
Cruz Pérez cita que algunos diputados han empezado a ofrecer sus servicios como cabilderos he iniciado la danza de alcaldes en la búsqueda de indulgencias legislativas.
De ser cierto lo anterior, los hijos de la 4-T y el resto de los integrantes de la presente Legislatura Local, estarían faltando a los mandamientos de «El Peje»: «No mentir, no robar, no traicionar»…
La Jornada de Oriente, precisa que son muchos los excesos. Por ejemplo, Zacatelco habría incurrido en pagos improcedentes, en obras inexistentes y hasta en el uso de dinero para los fines distintos a sus partidas.
Reproducimos textualmente algunos párrafos de esta publicación que tiene rigor informativo:
«La administración del perredista Tomás Orea Albarrán, despilfarró 60 por ciento de su presupuesto gastado en ese tipo de anomalías que deberán ser denunciadas ante la justicia.
En una situación similar están al menos otras 16 alcaldías aunque la cifra podría modificarse como son los casos de El Carmen Tequexquitla, Hueyotlipan, Zitlaltepec, Apetatitlán, Yauhquemehcan, Calpulalpan, Tzompantepec.
Además, de Contla de Juan Cuamatzi, Quilehtla, Nanacamilpa, Ixtenco, San José Teacalco, Huactzinco y Axocomanitla, las cuales tienen imputaciones por daño patrimonial superiores al 7 por ciento de su gasto.
En el resto de los 43 ayuntamientos existen observaciones, aunque éstas no sobrepasan el 7 por ciento de su gasto.
De ahí que sus cuentas públicas deberían ser aprobadas, sin que ello exima a las autoridades de restituir los recursos que existen como probable daño patrimonial.
Es el caso, para ejemplificar, el de Huamantla, la cual a pesar de tener imputaciones por 12 millones 258 mil 856 pesos, va a aprobar su cuenta porque el monto solo representa 5.1 por ciento de los 238 millones de pesos que gastó en 2018.
Y más allá del escarnio mediático, es tiempo que las autoridades, en el ámbito de su competencia, procedan y sancionen tales excesos e irregularidades, porque la impunidad ha sido la constante en el manejo de las arcas municipales.
Lo anterior porque de las más de 70 denuncias penales que existen en contra de munícipes y ex alcaldes, hasta ahora ninguna ha prosperado». Ahí termina la publicación.
Datos obtenidos por este espacio de opinión señalan que también hay por lo menos seis dependencias estatales y organismos descentralizados que presentan irregularidades en su cuenta pública.
Lo anterior deja entrever que la falta de honestidad y de transparencia en el manejo de recursos públicos siguen en la estructura pública.
Además, las dudas sobre el manejo del dinero oficial obliga a pensar cómo estarán las arcas de los Poderes Legislativo y Judicial donde la discrecionalidad, es parte de lo cotidiano y de la complicidad.
Bajo la posible protección del OFS, y las bienaventuradas indulgencias legislativas, los entes se aprestan a entrar al «Callejón de los Milagros» y salir bien librados con el amparo del fantasma de la impunidad y de la corrupción.
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