04 marzo, 2019
Solidaridad y corrupción, dos conceptos que en la puesta en marcha de la cuarta transformación terminan por contraponerse, pero no de la forma en que uno esperaría.
La solidaridad es un factor fundamental en cualquier sociedad, el interés que todos podamos poner en causas que no necesariamente sean nuestras ha permitido avanzar en muchos aspectos, principalmente en materia de derechos humanos.
No obstante, la cruzada que ha emprendido el gobierno federal contra la corrupción pareciera ponerla en peligro ante la desconfianza en la capacidad de regenerar a la sociedad.
El arribo de la izquierda al poder político de México se antojaba como una oportunidad para impulsar la solidaridad en un mundo cada vez más individualista. Sin embargo, las recientes determinaciones del Ejecutivo contravienen ese pensar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado al pueblo como bueno y sabio; pero las determinaciones -suyas o de su gabinete- lo contradicen.
¿Es quitar los programas o disminuir su presupuesto para dar el dinero a quienes se benefician de ellos la solución para acabar con la corrupción?
Honestamente, lo dudo y debo agregar que se pone en riesgo la cohesión social y tal vez, a largo plazo, su mismo proyecto de nación.
Desde el inicio de la actual administración federal, se ha anunciado el cambio en las reglas de operación para varios programas: pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para jóvenes y otros más a fin de que los beneficiarios reciban el dinero directamente, a través de tarjetas bancarias.
El mismo tratamiento se ha dado a estancias infantiles y a los refugios para mujeres víctimas de la violencia, ¿debería ser así?
La función de unos y otros es totalmente diferente. Mientras la primera clase tiene como fin último apoyar la economía de quien los recibe; los otros pretenden ofrecer una solución a problemas que van más allá de lo económico.
Al fin de cuentas, el combate a la corrupción no puede darse sólo con desconfiar de las personas; más bien se trata de mejorar los procesos y reducir las brechas del sistema que permiten los desvíos, los conflictos de interés y todas las formas de cometer irregularidades en el servicio público.
Sobre todas las cosas, se precisa trabajar sobre una ciudadanía, servidores y funcionarios públicos con un profundo sentido de la ética; hacer que asuman como propia la bandera que, al menos en el discurso, ha emprendido el gobierno federal. Ya no han falta más golpes de pecho.
Y a propósito de responsabilidades, buena falta le hace a los funcionarios locales tomarlas en serio.
Ya casi va una semana desde que las oficinas de Sepe-Uset se encuentran bloqueadas por normalistas y no se avizora una posible solución que permita a trabajadores y usuarios retomar la normalidad.
En tanto, estudiantes de la normal rural ya se han salido de control, incluso ya trataron de justificar absurdamente su comportamiento y hasta el momento no hay ni siquiera una mención de los hechos por parte del gobierno estatal o la secretaría.
Que sigan los desmanes, no hay prisa, estamos de carnaval y en el festejo de 500 años de la llegada del ejército español a Tlaxcala; ahora sí sitiados por múltiples intereses y por la violencia que este fin de semana se hizo presente en Contla, Tlaxcala y Huamantla.
Escribe Zurya ESCAMILLA DÍAZ
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