08 noviembre, 2018
Como lo anunciamos en su momento, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, A.C. y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., acudimos ante este Tribunal ético y de debido proceso para denunciar que, a más de un año de haber vencido el plazo para que las autoridades señaladas en la Recomendación 10/2017 de la CNDH, establecieran un mecanismo para que, en colaboración con las empresas contaminantes en la cuenca y las organizaciones de la sociedad civil que lo deseáramos, construyéramos juntos un Plan de Restauración Ecológica de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Este Plan habría de incorporar también, según la CNDH, medidas de satisfacción, de restitución y garantías de no repetición del daño para la población afectada en las comunidades de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que hoy suman más de tres millones de personas.
En la Audiencia denunciamos, por principio, que es sumamente grave el hecho de tener que presentar este caso por segunda vez, en virtud de que ya habíamos presentado una denuncia contra las autoridades en la Audiencia Pública de 2006, realizada en la ciudad de México. De hecho, en esa audiencia, el jurado del Tribunal recomendó, en su veredicto:
Exhortar al grupo de empresas industriales que están contaminando las aguas del río Atoyac, que se comprometan, en conjunto con la autoridad ambiental y las organizaciones civiles, en el diseño y puesta en marcha de un plan de rehabilitación de la cuenca del río Atoyac.
A pesar de que en marzo de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó a autoridades federales, estatales y municipales lo mismo que recomendó el TLA en 2006, y de que todas las autoridades señaladas en la Recomendación 10/2017 aceptaron todos sus puntos recomendatorios, incluyendo el de conformar un mecanismo de diálogo con la sociedad civil para diseñar e implementar un Plan de saneamiento de la cuenca que efectivamente resolviera la crisis ambiental y de salud que vivimos, pero además, que restituyera a toda la población afectada el goce del ejercicio pleno de todos los derechos humanos que han sido violados, además del derecho al saneamiento del agua, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la información.
Desde la emisión de la Recomendación 10/2017, hicimos pública nuestra voluntad y disposición de participar en el diálogo con las autoridades para hacer realidad un Plan de saneamiento que detenga las descargas de residuos industriales tóxicos en nuestra cuenca y que garantice la atención de todas las personas cuya salud ha sido afectada por la exposición crónica a las decenas de sustancias contaminantes que vierten las más de 20 mil 400 empresas industriales asentadas en ella en los estados de Puebla y Tlaxcala.
De hecho, desde que fue emitida la Recomendación de la CNDH, en marzo de 2017, el único esfuerzo serio de propuesta de una solución real a la crisis social y ambiental en la cuenca Atoyac-Zahuapan la hicimos las organizaciones que suscribimos, desde septiembre de 2017, la Propuesta comunitaria de saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, la cual elaboramos a partir de un diálogo honesto con varias comunidades y grupos sociales de la cuenca.
Esa Propuesta la hicimos pública y la entregamos a todas las autoridades recomendadas, sin excepción, junto con dos solicitudes manifestando nuestro deseo de participar en el diseño del Plan de Saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
En la exposición de nuestra denuncia ante el TLA demostramos que las autoridades recomendadas, encabezadas por la Comisión Nacional del Agua, no han dado respuesta efectiva a ninguna de nuestras solicitudes de participación, a pesar de que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, con toda claridad, que para garantizar el derecho humano al agua, el Estado debe garantizar también la existencia de modalidades de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
En el caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan, las autoridades siguen hoy violando nuestros derechos humanos, pero hoy la situación es mucho más grave, porque las autoridades saben cuáles son las consecuencias de su incumplimiento: en la cuenca muere de cáncer una persona cada cinco horas y si agregamos los fallecimientos debidos a la insuficiencia renal y los abortos espontáneos, la frecuencia aumenta a un deceso cada cuatro horas por alguna de estas causas.
Las autoridades del gobierno federal saliente y de los gobiernos estatales y municipales en turno, así como la mayoría de las empresas industriales asentadas en la cuenca son corresponsables de una grave simulación que pagamos las y los pobladores de la cuenca con nuestra economía, nuestra cultura, nuestra salud y, en última instancia, con nuestra vida. Por ello, el jurado internacional del Tribunal Latinoamericano del Agua decidió, en su segundo veredicto sobre el caso:
Deplorar “profundamente el que, a pesar de su recomendación de 2006, retomada a su vez por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación 10/2017, las autoridades mexicanas, en sus tres niveles de gobierno sigan siendo omisas y negligentes en la resolución del problema de la contaminación del agua en la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan, hecho que ha provocado su agravamiento, como los serios impactos en la salud de la población”.
Asimismo, el jurado del TLA responsabiliza “al Estado mexicano, que al promover un modelo urbano, industrial y agroproductivo y extractivista que favorece el interés privado por encima del público, ha conllevado al deterioro de la calidad y cantidad del agua en los ríos, cuerpos de agua y acuíferos, con graves impactos en la salud humana, la producción de alimentos y la conservación de los ecosistemas y, como consecuencia, ha incumplido en sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a la salud, a la alimentación, a la vivienda al medio ambiente y sobre todo ha afectado a los grupos sociales más vulnerables como son los pueblos indígenas y campesinos”.
En virtud de esas consideraciones, el Tribunal Latinoamericano del Agua decidió:
1. Exhortar al grupo de empresas industriales que están contaminando las aguas del río Atoyac, a que se comprometan conjuntamente con la autoridad ambiental y las organizaciones civiles en el diseño y puesta en marcha de un plan de rehabilitación de la Cuenca del río Atoyac, y que las autoridades conozcan e incorporen la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades como un aporte a solución de la crisis ambiental y social en la cuenca.
2. Solicitar a las autoridades electas, atención prioritaria a la crisis de la cuenca Atoyac-Zahuapan, garantizando la participación efectiva de los científicos comprometidos con la sociedad y de las comunidades afectadas en la deliberación y la toma de decisiones.
En el mismo sentido, recomienda aprovechar el momento de debate de una propuesta de Ley General de Aguas, en donde se reconozca la preminencia del derecho humano al agua y la preservación de las cuencas como unidad socio-territorial elemental sobre el uso mercantil y privado del agua.
3. Solicitar al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU y al relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos, relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la ONU, que realicen visitas especiales en la cuenca para verificar la actuación de la industria privada en el territorio de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Fuente: Posicionamiento de la ONG Fray Julián Garcés
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