23 marzo, 2018
Por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y robo, la Fiscalía Especializada en Atención para los Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo de un Juez de Control, vinculación a proceso contra dos policías estatales en Tlaxcala.
En audiencia oral, el juez determinó que los elementos probatorios presentados por la FEADLE fueron suficientes para acreditar que dos policías estatales, probablemente detuvieron ilegalmente y agredieron física y verbalmente a un periodista a quien también le arrebataron su teléfono celular para borrar las fotografías que había tomado y así encubrir los hechos.
Desde mi punto de vista, lo anterior constituye un hecho sin precedente en la vida social del estado, sin embargo, la mayoría de los trabajadores de los medios de comunicación en la entidad, no valoran mucho menos reconocen la importancia de esta decisión.
La denuncia interpuesta por el compañero Virgilio N. muestra que la PGR recabó las pruebas necesarias para que la Justicia Federal tomara dicha decisión en contra de los dos policías.
Sobre este caso donde el reportero aportó pruebas sobre supuestas amenazas y agresiones en su contra deberán ser tomadas en cuenta por el juzgador para que haya una sentencia condenatoria contra dos policías estatales.
Queda claro que el juez vinculó a proceso a José de Jesús “N” por los delitos de abuso de autoridad y robo, mientras que a Miguel Ángel “N” por abuso de autoridad. Ambos deberán demostrar su inocencia sobre la denuncia penal que pesa en su contra.
Además, el juez fijó tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria e impuso como medidas cautelares no acercarse a la víctima de nombre Virgilio N. ni a su testigo, así como a su trabajo o residencia, ir a firmar de manera mensual y no dejar la entidad.
También existe la posibilidad de que el reportero pueda obtener la protección de medidas cautelares por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), basado en la Ley de Protección a Defensores de Derechos y Periodistas.
Mi solidaridad con Virgilio N. pues sabemos que el riesgo para un periodista es continuo, porque es muy fácil para un funcionario, un político o un policía agredir verbal o físicamente a un reportero.
Basta recordar que existen más de 25 denuncias penales interpuestas ante las procuradurías estatal y federal, por agresiones veladas contra periodistas en los últimos diez años, y todas ellas están guardadas en los empolvados y olvidados anaqueles de ambas instituciones.
Sería bueno que algún día se eliminara el fuero para que ningún político en funciones, precisamente, públicas cometan excesos con sus acciones, con esas lenguas viperinas que solo provocan odio en el colectivo social.
Y para qué serviría lo anterior, básicamente, para que sean juzgados como cualquier ciudadano. ¿Acaso dicho pasó se dará en México y Tlaxcala?…
Escribe JAVIER CONDE
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