15 diciembre, 2017
Vaya que Nidia Cano, una de las accionistas de la empresa de transporte Pronto, anda en un plan intransigente, y pretende hacerse la víctima cuando en realidad no tiene el mínimo interés de cumplir con los mínimos requeridos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE).
Amparada con la frase de que “lo que no está previsto en la norma, no es ilegal”, la priísta y ex trabajadora del gobierno federal, busca hacerse la sufrida cuando en realidad, nos preguntamos si la misma autoridad sabe cuántos vehículos tiene tal empresa, y más aún si los conductores son personas de fiar ante la sociedad.
Basta recordar lo que ha pasado en el vecino estado de Puebla, donde han ocurrido hechos trágicos y de abusos por parte de algunos choferes deshonestos quienes trabajaban para compañías de transporte privado Uber y Cabify.
Es más con palabras fuertes, algunos representantes de esta empresa “tlaxcalteca”, se han dirigido ante la opinión pública. Por ejemplo, han dicho que el gobierno estatal, es retrógrada; que los transportistas son supuestamente unos delincuentes y más aún ponen entre dicho un título que se ha ganado Noé Rodríguez Roldán, en el terreno oficial como es el de Doctor.
Bajo dichas expresiones, los jóvenes a los que un sector de la sociedad, los califica como tendencieros, pretenden hacer empresa. Sería bueno que mostraran bajo qué régimen fiscal pretenden conducirse, para que en el terreno de lo social, la empresa Pronto, pueda ganarse la confianza de la ciudadanía.
No es con sombrerazos como se adjudiquen un lugar dentro de la sociedad; su objetivo no es malo, lo cuestionable aquí es que no haya el mínimo interés por buscar cumplir con los requerimientos mínimos que marca la SECTE.
Así de sencillo, los ciudadanos no sabemos en qué situación estén los vehículos utilizados para este servicio, si los pasajeros cuenten con seguro de viajero, si los chóferes entreguen cartas de antecedes no penales y también si tengan licencia para manejar y de qué tipo.
Nidia Cano, ha argumentado que no es transporte público, que es privado, pero desde nuestro punto de vista alguien la está engañando, porque sencillamente presta un servicio abierto, y por lo tanto, valga la redundancia es público.
También es cierto qué hay vacíos en la norma, lo que obliga a los actuales diputados locales a revisar la actual ley, por lo que es necesaria su modernización, a fin de estar acordes a los nuevos mecanismos de movilidad social.
En términos generales, hay división de opiniones sobre la prestación del servicio de Pronto, pero deja mucho que desear la actuación de sus representantes quienes deben tener el mínimo respeto por las instituciones.
¿Acaso habrá alguien más que esté manipulando a los jóvenes empresarios?… Y por cierto, vaya que están mal asesorados por algunos pseudo periodistas.
• Escribe JAVIER CONDE
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