19 junio, 2017
La Presidencia de la República negó que alguna de las agencia del gobierno mexicano haya espiado a Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, a otros periodistas y a defensores de derechos humanos, como publicó el diario The New York Times el día de hoy, según el portal de noticias Eme Equis.
Mediante el vocero presidencial Eduardo Sánchez, la Presidencia dijo condenar cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona y sostuvo que no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del espionaje descrito en un artículo publicado en el diario estadunidense.
En una carta dirigida al editor de dicho medio, la cual fue publicada por Eduardo Sánchez en su cuenta de Twitter, llamó asimismo a denunciar esos delitos.
“Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría General de la República, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes”, señala la misiva firmada por Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República.
Para el gobierno de la República, señala el documento, el respeto a la privacidad y a la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra democracia. “Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”, detalla dicho portal web.
Ante el presunto espionaje a periodistas y defensores por parte del gobierno federal, publicado este lunes en la primera plana de The New York Times (NYT), los afectados presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR), y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.
The New York Times reveló la investigación de Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (RD3) y SocialTIC, que indica que el gobierno mexicano ha espiado de manera ilegal a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas que han trabajado temas de corrupción y violaciones graves a derechos humanos, entre los que destacan: Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Casa Blanca de EPN, Tanhuato, Ley 3 de 3 y Panama Papers.
En conferencia de prensa, en la que participaron la periodista Carmen Aristegui; Salvador Camarena, director de Mexicanos Contra la Corrupción; Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC; Luis Fernando García, director de R3D; Juan Pardinas, director de IMCO; Mario Patrón, director de Centro ProDH; John-Scott Railton, investigador de Citizen Lab y Ana Ruelas, directora de Artículo 19, advirtieron que estos nuevos casos no son aislados sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
La investigación, recogida por el diario The New York Times, demuestra el uso de malware altamente sofisticado Pegasus, el cual es comercializado exclusivamente a gobiernos para temas de seguridad nacional, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en México.
Según reportes, cada licencia de infección tendría un costo alrededor de 77 mil dólares, y el principal método de infección documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso.
Estos casos de vigilancia a los activistas por el derecho a la salud, constituyeron un detonante para que la sociedad civil mexicana en el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto se retirara del mecanismo de co-construcción con el gobierno federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual, en conjunto con otras evidencias presentadas en esta nueva investigación, reafirma que autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esta forma de vigilancia.
“Por lo tanto, rechazamos este nuevo ataque en contra de la sociedad civil, exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales; así mismo exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas”, indicaron los periodistas y defensores de la libre expresión.
Reiteraron además que el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas; y señalaron que ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos, finaliza el mismo portal.
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