25 mayo, 2017
Alejandra Méndez Serrano, directora de la organización Fray Julián Garcés lamentó que haya una actitud sistemática de impunidad y simulación de la autoridad estatal, en torno al combate de la trata de personas, ya que el mismo ha registrado un agravamiento al grado de que la organización poblana Todos para Todos solicitó para Tlaxcala la Alerta de Violencia de Género por Violencia Sexual y Trata de Personas, la primera en todo el país.
Al rendir su informe de labores en el décimo quinto aniversario de esta ONG, mencionó que es preocupante que desde la aceptación de las recomendaciones por parte del gobierno estatal, el 24 de noviembre de 2016, las acciones que se han realizado no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito y más aún se mantiene una política de simulación.
«En los últimos cuatro meses el gobierno estatal ha anunciado diversas acciones en el marco de las recomendaciones realizadas ante la solicitud de la alerta contra la violencia de género al dejar de lado la política pública aprobada en la Estrategia Estatal contra la Trata y su Plan Sexenal, que ante la realidad siguen siendo vigentes y necesarios en su aplicación», añadió.
Tan es así que el pasado 4 de Mayo el gobernador del estado, Marco Mena Rodríguez, presentó una iniciativa parara derogar la Ley para Prevenir la Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala, pero «lamentamos que la propuesta realizada sea un corte y pegue de la Ley General sin un previo análisis que permita determinar una progresividad para la ley estatal».
Por ello, «demandamos que la evaluación del informe que el gobierno del estado, entregue ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), sea público de tal forma que permita medir el impacto que las acciones realizadas tienen en el combate a la trata de personas».
Del mismo modo, a la LXII Legislatura del estado de Tlaxcala, «le solicitamos que convoque a la sociedad civil, la academia, organismos autónomos de derechos humanos, expertas en la prevención, atención y sanción de la trata de personas, para que se analice la pertinencia o no de la iniciativa presentada por el gobernador».
«Exigimos el cumplimiento de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas, así como de su Plan Sexenal y de paso, la implementación de una estrategia para prevenir este delito en todos los niveles educativos», agregó la representante de la ONG, que depende de la Diócesis de Tlaxcala.
Señaló que a lo largo de estos quince años el trabajo que colectivamente «hemos realizado ha obligado a las autoridades a reconocer este problema; no ha sido una tarea fácil pues sistemáticamente nos hemos enfrentado a gobiernos que buscan negarlo, minimizarlo»
Así sucedió -aseveró- con el anterior gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, quien sólo simuló enfrentar el problema, ya que durante su periodo no disminuyó sino por el contrario se acrecentó y que actualmente presenta en 35 municipios de la entidad».
Argumentó que resultado de la presión ciudadana, en 2011, se aprobó la Estrategia Estatal contra la Trata y su Plan Sexenal, sin embargo a lo largo de la administración de González Zarur, no hubo la voluntad para implementar las políticas públicas de prevención del delito, la atención y protección de las víctimas, así como la sanción para quienes delinquen.
«Durante 2015 y 2016 documentamos las acciones realizadas por parte del gobierno para el combate contra la trata de personas, lo que nos lleva a afirmar que incurrió en omisión y graves violaciones a los derechos humanos», externó.
Y es que a pesar de la obligación que tiene el gobierno por informar de las acciones que realiza, siempre «nos encontramos con una cerrazón, más aún el ocultamiento de información, esto lo constatamos a partir de una solicitud de información a las instituciones que integran el Consejo Estatal contra la Trata sobre las acciones realizadas para prevenir el delito como parte de la Estrategia Estatal.
Detalló que durante el periodo de González Zarur se interpusieron 200 denuncias, de las cuales 70% quedaron en Actas Circunstanciadas (A pesar de que este delito se persigue por oficio), 30% como averiguaciones previas y del total de denuncias solo el 6.5% alcanzaron sentencia. Lo que evidencia que no hay acceso a la justicia para las víctimas.
«Se simuló la investigación y persecución de lugares de explotación, ya que el gobierno del estado de Tlaxcala señaló públicamente, la clausura de “264 establecimientos dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual”, sin embargo no existió un solo lugar en el que se aplicara la Ley de extinción de dominio, por haberse comprobado la comisión del delito o ser producto de él».
Fustigó que el gobierno tiene información clara de los municipios de alto riesgo. «Debido a que sabe de dónde son las víctimas y de dónde son los tratantes, así lo refirió la PGJE en la información proporcionada vía la Ley de Acceso a la Información».
Argumentó que las víctimas son originarias de los municipios de Acuamanala, Xicohtzinco, Quilehtla Teolocholco, Tenancingo, Zacatelco, Papalotla y San Pablo del Monte e identificaron a víctimas originarias de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Morelos y de la Ciudad de México.
En tanto los tratantes provienen de los municipios de: Tenancingo, San Pablo del Monte, Acuamanala, Zacatelco, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Calpulalpan, Teolocholco, Papalotla, Xicohtzinco, Totolac y Xaloztoc, expresó.
Además, precisó que no existe la implementación de una política pública educativa de prevención que integre la totalidad de municipios de Tlaxcala, así lo señalaron profesores de escuelas del sur; resulta grave ya que desde el años 2011, ya lo contempla la Estrategia Estatal contra la Trata y más aún el delito se ha extendido a 35 municipios.
Criticó el hecho de que el gobierno del estado no coordinó acciones a nivel municipal; a los comunes de Tetlanohcan, Mazatecochco, Tlaxcala, Quilehtla, Ayometla, Acuamanala, Teolocholco, Tlaltelulco, Chiautempan, San Pablo del Monte, Papalotla, Xicohtzinco, Zacatelco, Axocomanitla y Tenancingo, considerados con los mayores índices de trata de mujeres y niñas en Tlaxcala, «se les solicitó información del periodo comprendido entre enero de 2013 a Mayo de 2016 sobre las acciones emprendidas ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual».
Y desde luego que proporcionaran el número de establecimientos a los que han otorgado licencia en el giro de bares, centros botaneros, hoteles, moteles y auto hoteles; de los 15 municipios a los que se les solicitó información 4 no la han entregado.
En torno a los que sí entregaron se pueden llegar a las siguientes conclusiones: La mayoría de municipios consideran que no les corresponde realizar ninguna labor ante el delito de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual pues no les corresponde detener a los tratantes.
«Diez de once municipios que respondieron, refirieron no haber recibido capacitación en el tema y el único que recibió capacitación ha sido solo para personas de Seguridad Pública», por ello Méndez Serrano demandó cero simulación y acciones concretas en torno al combate de trata en Tlaxcala y sus municipios.
En el acto estuvieron presentes Jan Jarab, representante en México de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los derechos humanos y Edgar Cortés Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, entre otros invitados.
* Información JAVIER CONDE
© 2024 ÍNDICEMEDIA
