31 mayo, 2017
Al enviar el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodriguez, su propuesta para crear el Sistema Estatal Anticorrupción queda claro que las propuestas presentadas por personas o bien organismos quedarán al margen de lo que será este nuevo orden que ayudará a prevenir y combatir prácticas indebidas.
El mismo tuit escrito por el diputado local y presidente de la comisión de Transparencia del Congreso del Estado, Enrique Padilla antes de que el gobierno difundiera que el mandatario hizo llegar al Poder Legislativo un documento rector está claro que recibieron un texto que finalmente se deberá aprobar tal cual.
Es decir, se cree que la iniciativa del Ejecutivo vendrá a imponerse y que todo lo hecho por el legislador del PRI, quedará en los cajones de su escritorio porque obviamente no pasará por alto la voluntad de quien gobierna en Tlaxcala; es más, ni la mano «santa» de su jefecita política, Beatriz Paredes Rangel podrá revertir lo que piense el gobernador en turno.
Ahora bien el texto se propone la creación del Sistema Estatal Anticorrupción como la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, sistema que constará de un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.
De la iniciativa también destaca la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y que estará integrado por tres magistrados.
Asimismo, se propone la obligación de los servidores públicos para presentar su declaración patrimonial y de interés ante la autoridad competente y de acuerdo a la ley de la materia; también, la prescripción para hacer exigible la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando se trate de faltas administrativas no graves sea de tres años, y tratándose de faltas graves o particulares sea de siete años.
Incluso, el gobernador plantea que los entes públicos estatales y municipales cuenten con órganos de control interno para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa.
Por ello, en unos días más los legisladores ya veremos como levantan la mano para avalar la iniciativa del mandatario que no parece ser mala, pero que en los hechos habrá que esperar a que funcione, pero su Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana están condenados a ser un ente más al servicio del gobernador en turno y de algunos partidos políticos quienes deberán elegir a sus integrantes. ¿Y de verdad se combatirá la corrupción?… ¿Tomará en cuenta el PRI las propuestas del PRD y PAN?…
Está claro, que desde la creación del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), desde hace casi 15 años ha servido para solapar excesos y cuyos diputados locales avalan para que sea más sólido el paraíso de la impunidad en Tlaxcala, o si hay duda de este comentario dígannos ¿qué político purga una sanción por haberse robado dinero del pueblo?…
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