15 mayo, 2017
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por el agravamiento de las condiciones de autogobierno/cogobierno en centros penitenciarios de la República Mexicana, ante el aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada o con suficiente capacidad económica, quienes por lo general tienen el control de esos centros.
Para esta Comisión Nacional resulta inaceptable que haya centros de reclusión donde algunas personas privadas de la libertad realizan funciones de autoridad relacionadas con la administración, servicios y operación de actividades de un centro penitenciario, mediante la imposición de métodos informales de control, permitiendo el goce de privilegios y tratos especiales, en detrimento de las condiciones de internamiento de la mayoría y una apropiación indebida del abasto, de los insumos para la alimentación y operación de los establecimientos, así como de los recursos autogenerados en la institución.
De lo anterior, se desprende la deficiencia en la gobernabilidad de los centros de reclusión y, consecuentemente, la violación a los derechos humanos, tales como los derechos a la integridad, a recibir un trato humano y digno, a la tutela judicial efectiva y, por supuesto, a la reinserción social.
Ante ese panorama, la CNDH emitió la Recomendación General 30/2017 sobre las Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, misma que fue aprobada por el Consejo Consultivo de este Organismo Nacional y dirigida a la Gobernadora y Gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Secretario de Gobernación y al Comisionado Nacional de Seguridad.
Las condiciones de autogobierno/cogobierno han sido constatadas y documentadas también en diversos Informes y Recomendaciones publicadas por la Comisión Nacional, y a través de los muchos recorridos por los centros penitenciarios en los que se entrevistó a personas privadas de la libertad, a personal de todos los niveles y se hicieron visitas a las diferentes.
En ella se evidencian la falta de condiciones de gobernabilidad y se consideran situaciones como la normatividad que rige el centro, personal de seguridad y custodia, respeto al debido proceso en la imposición de sanciones disciplinarias, ejercicio de las funciones de autoridad,
actividades ilícitas, cobros indebidos y falta de capacitación del personal penitenciario.
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