24 mayo, 2017
Raúl Cervantes López, ex alcalde de Huamantla denunció que en el interior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), hay funcionarios de esa dependencia en supuesta complicidad Antonio Hidalgo Cote, ex director jurídico de esa institución quienes pretenden presionarlo para que entregue supuestamente la cantidad de 300 mil pesos, y dejar archivadas observaciones de determinadas cuentas públicas.
Dijo que los casos que pretenden reabrir ya prescribieron y que fueron notificados en su momento ante un Tribunal Colegiado de Puebla, dependiente del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que es criticable la actuación de la auditora superior, Isabel Maldonado Textle.
En rueda de prensa, externó que ha sido citado, con el objeto de solventar observaciones de cuentas que fueron aprobadas por ese mismo organismo y añadió que los estados financieros de 2008, 2009 y 2010, prescribieron.
Lo anterior, argumentó porque interpuso un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), bajo el argumento de que quien hizo las observaciones no cumplía con las normas establecidas en la ley; es decir, que dicha trabajadora carece del perfil adecuado para auditar.
Es decir, Claudia Cordero Báez, no cumple con los siete años de experiencia, que establece la norma correspondiente, pues no estaba certificada como auditora federal, mucho menos tenía una carrera para ello, pues apenas estudiaba la licenciatura en derecho, aspecto que es cuestionable y violatorio de la ley.
Por ello, el ex alcalde del PAN, argumentó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), le dio la razón en su momento; es más, la propia
Isabel Maldonado Textle, le entregó sendos oficios sobre la prescripción, en los cuales especificaban que se daba por concluido todo procedimiento establecido en su contra. “Ahora la auditora superiora cae en desacato ante la justicia federal al reabrir un caso cerrado”.
Es más, mostró el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha de siete de noviembre de 2012, donde se aprobó la cuenta pública correspondiente al periodo del uno al 14 de 2011, por lo que con ello no tenía ningún pendiente legal o administrativo.
No obstante, aseveró que en días anteriores fue notificado por el nuevo auditor especial, Joel Trinidad Ordóñez Carrera, que el OFS inició un procedimiento administrativo derivado de las observaciones de la cuenta pública del uno al 14 de enero de 2011, la cual fue aprobada con salvedades.
Con base en lo anterior, el ex munícipe sostuvo “no es posible que quieran revisar cuentas que ya prescribieron o que ya fueron aprobadas por el mismo órgano, por lo que denuncio se acercó a su servidor el ex director jurídico del OFS, Antonio Hidalgo Cote”.
Dicha persona ofreció entregarle un oficio de prescripción a cambio de 300 mil pesos, ya que cuenta con despachos para solucionar este tipo de observaciones, por lo qué fustigó que se presenten este tipo de acciones.
Ante esta situación, de presunta corrupción demandó la intervención de los diputados locales, específicamente, de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, con el objeto de que combatan tal fenómeno y destruyan el imperio de la impunidad que persiste en el OFS.
* Información JAVIER CONDE
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